Berlusconi declara la guerra a los 'sin papeles'

El Gobierno de Silvio Berlusconi quiere aprobar esta misma semana, en su primer Consejo de Ministros, un decreto exprés que convertiría en delito la inmigración ilegal. La medida, una vieja reclamación de la Liga Norte que suscribe el ministro del Interior, Roberto Maroni, supondrá que todo extranjero que no tenga papeles podrá ser automáticamente arrestado y expulsado. El nuevo Ejecutivo está estudiando además fórmulas para suspender la aplicación del Tratado de Schengen antes de proceder a la expulsión de miles de gitanos europeos, sobre todo rumanos y búlgaros.

El Gobierno ultima un decreto para convertir en delito la inmigración ilegal

La idea de Maroni es clara: cerrar las fronteras de la UE para evitar el regreso de los que sean expulsados, invocando razones de seguridad nacional. En su primera reunión en el Viminale, Maroni pidió el viernes a sus colaboradores el mapa nacional de los campamentos "nómadas". Sólo se salvarían de la deportación aquellos que demuestren tener cierto nivel de renta y una vivienda considerada habitable. Como consecuencia, los que viven en campamentos serían expulsados.

Berlusconi ha supervisado las nuevas medidas y quiere plasmar su política de mano dura con la inmigración en un decreto para forzar al presidente de la República, Giorgio Napolitano, a dar su apoyo con su firma a la aplicación inmediata de las medidas. Si Napolitano se negara, el Gobierno debería elaborar una norma con rango de ley, lo que dilataría el proceso.

Maroni ha afirmado que quiere "renegociar con la UE las reglas de la libre circulación, poniendo límites cuando esté en juego la seguridad nacional". Y ha pedido a los expertos jurídicos que analicen todas las posibilidades de suspender la aplicación del Tratado de Schengen, que abolió en 1995 las fronteras internas de la UE.

Italia es uno de los impulsores de la nueva directiva europea que extendería hasta los 18 meses el tiempo de detención en centros especiales de los sin papeles. La idea no prosperó esta semana. Y Berlusconi tiene prisa por cumplir una de las promesas que le dieron el triunfo.

Aunque el Gobierno italiano ha asegurado que buscará el consenso con la oposición de izquierda para aprobar las medidas, en el Partido Democrático tienen la sensación de que no habrá diálogo: "Ellos tienen sus proyectos y si quieren hacerlos lo harán. Nuestra posición es que se pueden dar pasos más restrictivos, pero que hay que actuar de acuerdo con Europa, cuyas reglas son soberanas", explica el senador Silvio Sircana.

Las reglas comunitarias prevén que "por exigencias de orden publico o de seguridad nacional" un Estado pueda, previa consulta con otros países interesados, "realizar controles en las fronteras por un periodo limitado". Varios países han aplicado ya esa cláusula por motivos diversos: seguridad, eventos deportivos o, en el caso de España, el matrimonio entre Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. Italia suspendió Schengen durante varios días con motivo de la reunión del G-8 en Génova.

Según Sircana, una ampliación mayor sería un dislate. "Schengen existe, y si queremos abolirlo nos arriesgamos a ser expulsados de la UE. Veremos si pasan de las palabras a los hechos", dice.

La consideración de la inmigración clandestina como un delito busca dos cosas: prevenir la entrada de nuevos emigrantes y expulsar a los ilegales (en torno a medio millón) que están en Italia. La medida figura entre los 40 artículos del paquete de seguridad urgente preparado por Niccolò Ghedini, el asesor más respetado por Berlusconi para temas de Justicia y Seguridad. La reforma modificará el Código Penal para agravar las penas por delitos que causen alarma social y endurecerá las condiciones para aplicar permisos penitenciarios y rebajas de pena.

Mañana, Maroni discutirá el plan con sus colegas de Exteriores (Franco Frattini), Justicia (Angelino Alfano) y Defensa (Ignazio La Russa), y el martes lo someterá a una reunión técnica en Palazzo Chigi, sede de la presidencia del Consejo.

El comisario europeo de Multilingüismo, el rumano Leonard Orban, de visita en Italia este fin de semana, advirtió de que es "inaceptable utilizar el problema de la seguridad para limitar la libre circulación de ciudadanos europeos".

Varias decenas de miles de gitanos eslavos y yugoslavos llegaron a Italia huyendo de la guerra de los Balcanes. Otros muchos vinieron desde Rumanía y Bulgaria cuando ambos países ingresaron en la Unión Europea en 2007.