Las Juntas aprecian "caminos" para aclarar el fraude de Irún

El presidente de la comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que investiga las posibles responsabilidades políticas en el fraude de la oficina tributaria de Irún, el socialista Julio Astudillo, afirmó ayer que ya vislumbran "algunas líneas, algunos caminos," para determinar si éstas existieron. Los miembros de este grupo de trabajo se reunirán el próximo día 29 para poner en común sus "reflexiones e ideas" sobre este caso, que se instruye penalmente en el Juzgado de la localidad fronteriza.

La comisión de investigación censura la decisión del abogado

Los imputados de momento son cuatro: el que fuera director de la Hacienda de Irún, José María Bravo, hermano del ex senador del PNV Víctor Bravo, así como la esposa del primero, Rosa Cobos, y sus socios Pilar Gracenea y Pedro Atristain.

Astudillo compareció ante la prensa después de que declarara en la comisión de investigación el director general de Función Pública de la Diputación guipuzcoana, Daniel Salazar, quien informó sobre la compatibilidad de José María Bravo como funcionario de la Hacienda foral y socio de una asesoría fiscal privada.

Para ayer estaba llamado también el abogado y asesor fiscal Mariano Bravo (sin vinculación familiar con los hermanos Bravo), pero no acudió, una decisión que la comisión no entendió, aunque carece de mecanismos legales para obligarle. El citado condicionó su comparecencia a que no se diera "publicidad no ya al contenido de sus declaraciones, sino a la propia citación para comparecer", explicó Astudillo. La comisión no accedió a esta reclamación, pues, pese a su carácter secreto, entiende que "la sociedad tiene derecho a estar informada dentro de los márgenes reglamentarios".

Mariano Bravo declaró en calidad de testigo el pasado diciembre ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún por el caso de una albañilería a la que Hacienda reclamaba una deuda y por el de una sociedad que adquirió por recomendación de José María Bravo.

El también abogado Fernando Argote, quien ha ejercido durante un tiempo una de las acusaciones populares en el proceso penal, pidió en su momento la imputación de Mariano Bravo, pero la jueza desestimó la solicitud y mantuvo su condición de testigo.

"No está imputado ni ha ostentado cargo político en la Hacienda de Guipúzcoa", por lo que "no comprendemos su negativa a colaborar con las Juntas Generales", apuntó Astudillo. El próximo mes de junio están citados aquellos cargos políticos que han tenido alguna relación con la Hacienda en los últimos años.