Ante la crisis

Cada 1º de Mayo, desde EUPV tozudamente repetimos denuncias porque tercamente se repiten injusticias. La actual coyuntura económica, la adjetivemos como recesión, desaceleración o crisis, es reflejo de un modelo que ha buscado altas tasas de beneficio cortoplacista, con elevadas dosis de riesgo, y que ha encontrado en el sistema financiero global la oportunidad de enriquecerse sirviéndose de la especulación, opacidad, y poca, cuando no nula, regulación. El reflejo de esta escena internacional se complica más aún en nuestro país debido al preponderante papel de la construcción como motor de crecimiento.

Sin duda, en los últimos años ha habido avances importantes en materia de libertades y de derechos civiles. Sin embargo, estas mejoras no han tenido correlación en lo que atañe a la política económica y laboral. Instalados en la autocomplacencia y el continuismo, los diferentes gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han implementando estrategias que pivotan sobre las excelencias del superávit, la desfiscalización y la vigilancia del gasto social. No han querido, o no han sabido, sentar las bases para un crecimiento económico más sólido, más sostenible, y al servicio del bienestar de la ciudadanía.

Los que hoy se llenan la boca con fórmulas mágicas (I+D+i, valor añadido...) son los mismos que sentaron las bases para todo lo contrario. Recordemos como paradigma la frase del entonces ministro de industria Solchaga: "La mejor política industrial es la que no existe". De aquellos polvos estos lodos.

El crecimiento económico ha sido importante, pero si bien puede ser una condición necesaria para el bienestar social, en absoluto es suficiente para el mismo. El reparto justo de la riqueza sí que es sin lugar a dudas esencial para determinarlo. Sin embargo, mientras los beneficios empresariales han crecido un 73% entre 1999 y 2006, el salario medio real de los españoles entre 1995-2005 perdió el 4% de su poder adquisitivo.

Y un instrumento básico para la redistribución es el gasto social que se nutre de la fiscalidad. Las últimas reformas fiscales han sido innecesarias, inoportunas e injustas, en una situación de importante déficit en la cantidad y calidad de nuestros servicios públicos, y ante una crisis en ciernes donde la red de protección social debe ser mucho más sólida. Con todo, sin cuadraturas posibles del círculo, las reducciones en la contribución fiscal significarán una merma presente o futura del gasto social. El "todos salen ganando" no tan sólo es simplista, sino falso.

Quedan importantes exigencias de justicia sociolaboral por conseguir. Sin embargo, las actuales circunstancias también exigen confrontarnos a la ofensiva que pretende poner en tela de juicio derechos adquiridos. Resulta ofensivo y obsceno que los ministros de economía de la eurozona, entre ellos Solbes, pidan cautela a la hora de la aplicación de la cláusula de revisión salarial, si tenemos en cuenta que en las actuales tasas de inflación nada ha tenido que ver el comportamiento de los salarios y sí el beneficio empresarial, y que solo poco más de la mitad de los trabajadores de nuestro país tiene dicha cláusula, siendo por tanto una parte sustancial los que pierden salario real año tras año.

En definitiva, tenemos un mercado laboral que ha arrojado exorbitantes beneficios empresariales y crecimiento económico pero que se ha cimentado sobre un bajo nivel adquisitivo de los trabajadores, y altas tasas de temporalidad y siniestralidad laboral.

En este escenario que nos amenaza, desde EUPV no estamos dispuestos a que sean los trabajadores y trabajadoras quienes asuman los mayores costes de un modelo que se derrumba y del cual se privatizaron en unas pocas manos sus beneficios.

Glòria Marcos i Martí es coordinadora de EUPV.