El presidente de la Xunta pregunta a Cataluña si ha agotado su solidaridad

La entente de las comunidades más ricas (Cataluña, Baleares y Valencia) en busca de un nuevo sistema de financiación autonómica que prime los criterios poblacionales en el futuro reparto de fondos del Estado ha encontrado en el presidente de la Xunta un duro opositor.

"Los inmigrantes generan gasto pero también riqueza e ingresos fiscales"

El jefe del Ejecutivo gallego, Emilio Pérez Touriño, se preguntó ayer en voz alta durante la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consello, si Cataluña ha agotado sus impuestos o su solidaridad. "No sé si tiene agotamiento fiscal o financiero, es un debate en el que por ahora no voy a entrar", concluyó Touriño, quien insistió en que la apuesta de San Caetano está en las antípodas de lo que defiende la Generalitat. En el fondo y también en la forma.

Por enésima vez, el presidente refrendó "porque así lo prevé la ley" que será un foro multilateral con representación de todas las comunidades autónomas, el Consejo de política fiscal y financiera, el que decida si se revisa y cómo el actual sistema de financiación. Touriño descartó los pactos bilaterales y avanzó de qué lado de la mesa se sentará en mayo cuando se convoque la primera reunión de ese órgano. Galicia olvidará entonces el debate ideológico para alinearse con regiones como Extremadura, Asturias o Castilla y León.

El presidente recriminó con tono amable a Cataluña que esgrima su incremento demográfico para reclamar más dinero al Gobierno central, porque los inmigrantes que llegan, trabajan, pagan impuestos y por tanto también generan riqueza. "Es cierto que esa comunidad ha experimentado un crecimiento de población exponencial a la que hay que dar serivicios y que debe intentar que no explote la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero también es verdad que los inmigrantes generan recursos, bases fiscales, contribuye a la Seguridad Social, crean riqueza. Se puede calcular si eso genera défícit o no en las cuentas", concluyó Touriño.

Frente a los argumentos de los gobiernos de Cataluña y Valencia, "esos problemas no son los nuestros", el presidente gallego -que abogó varias veces por huir de los frentes y las batallas- insistió en la repercusión económica sobre las arcas públicas que tiene la dispersión y el envejecimiento de la población. Como ejemplo, citó el sobrecoste en el gasto sanitario derivado de la atención a la tercera edad. "La atención médica a mayores de 80 años multiplica por cuatro su coste". Según las cifras del Instituto Galego de Estadística en Galicia, hay 172.000 personas por encima de esa franja de edad, que representan el 6.2% del censo. "Por no hablar de la dispersión, porque no es lo mismo dar servicio a la mitad de los núcleos de población que hay en España", insistió el presidente de la Xunta.

Touriño anticipó no obstante dificultades en un debate "que conviene a Galicia" y reivindicó la negociación multilateral como "inexcusable, determinante e imprescindible".

La respuesta del Gobierno gallego se produce después de que los consejeros de Economía de Cataluña, Antonio Castells (socialista), y de Valencia, Gerardo Camps (del Partido Popular), aparcasen el miércoles sus diferencias políticas para hacer frente común en su reivindicación para recibir más fondos del Gobierno central. La propuesta de las comunidades más ricas, a las que planea sumarse también Baleares, plantea rebajas en el fondo de suficiencia financiera que garantiza que todos los ciudadanos. incluidos los de las regiones más pobres, puedan recibir el mismo nivel de prestación de los servicios públicos.

La reforma de la financiación autonómica que los territorios más desarrollados plantean al Gobierno se inspira en el sistema federal alemán y parte de la idea de que algunas de las comunidades más ricas (Baleares, Madrid o Cataluña) del Estado reciben en la actualidad menos recursos por habitante que algunas de las más pobres. La iniciativa que parte del tripartito catalán pide que el Gobierno limite a garantizar la igualdad en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, entre el 65% y el 75% de la inversión que precisan las comunidades autónomas.