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COLUMNA

Ni curanderos ni sermoneadores

¿Por qué tiene que haber un cura, nombrado por el obispo, en todos los comités de ética de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid? ¿Acaso el hecho de ser cura equivale a ser especialista en cuestiones morales en las sociedades modernas? Un cura no pasa a ser un experto en temas éticos porque así lo decida su superior, ni mediante un cachetito del cardenal en la mejilla.

Por supuesto que muchos comités de ética en el mundo cuentan entre sus miembros con religiosos o sacerdotes. Pero no porque les haya nombrado la jerarquía católica, ni por su condición de tales, sino que han sido elegidos por su fama y prestigio, sus publicaciones, debates o ensayos sobre el tema. Nadie con sentido común tendría algo que oponer a que el jesuita Teilhard de Chardin hubiera formado parte, por ejemplo, del comité de ética del hospital de la Paz. Ojalá. Lo malo es que, muy probablemente, hubiera sido el propio cardenal arzobispo de Madrid quien le hubiera puesto inmediatamente el veto, por poco obediente, o quizás, por excesivamente conocedor del tema.

De lo que se trata ahora es de un convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y monseñor Rouco por el que los curas que asisten en los hospitales a los enfermos católicos que solicitan sus servicios, entran a formar parte, también, de los llamados Comités de Ética y comités interdisciplinarios de Cuidados Paliativos de todos los centros sanitarios de propiedad pública de Madrid. ¿Para qué? ¿Para que rocíen con agua bendita la mesa de reuniones?

No tiene sentido que la Comunidad llegue a un pacto semejante con la jerarquía de la Iglesia católica. Ya sabemos lo que piensa esa jerarquía: a Jesús nadie le abrevió la agonía en la cruz. Para ellos, de nada sirve que hayan pasado XXI siglos desde entonces y que nadie muera en España ni en la cruz, ni por sus ideas o creencias. Es verdad que tienen derecho a pensar lo que quieran y a recomendar a sus seguidores que sigan el ejemplo de su líder. Los Testigos de Jehová tampoco aceptan determinados tratamientos. Mientras sean adultos, no hay nada que discutir.

Pero por esa condición de curas o de jerarquía religiosa, católica o de cualquier otra fe, no tienen derecho a decidir sobre el tipo de asistencia médica que debe recibir el conjunto de la ciudadanía ni a participar en el debate sobre cuestiones de moral social que afectan a todo tipo de ciudadanos, creyentes o no. Los ciudadanos, que tenemos derecho a tratamientos médicos de calidad, deberíamos exigir también que los debates sobre cuestiones morales que afectan a nuestra vida y a nuestra muerte no queden en manos de ignorantes o aficionados, cuyas únicas credenciales demostradas o demostrables sean tener fe y obediencia. Ni curanderos para tratar nuestras enfermedades ni sermoneadores para debatir la moral social.

Por supuesto que han surgido nuevos problemas comunes a la humanidad que requieren de nuevos instrumentos teóricos para comprenderlos y para actuar sobre ellos. Por supuesto que hay sacerdotes y religiosos, católicos y de otras creencias, que han dedicado su esfuerzo y su capacidad intelectual a debatir estos temas. Bienvenidos sean a la mesa de discusión con profesores de ética y con expertos en derecho. Pero eso no tiene nada que ver con firmar un acuerdo con el cardenal arzobispo de Madrid sobre el papel o la influencia de los curas en los hospitales públicos.

Lo más increíble de todo este asunto es que el laicismo, la doctrina que defiende la independencia de los hombres y mujeres, de la sociedad, y muy particularmente del Estado, respecto a cualquier organización o creencia religiosa, no fue un invento del socialismo, sino del liberalismo. Es una lástima que los políticos españoles que se reclaman hoy liberales aparentemente no hayan leído siquiera algún manual escolar sobre el tema y que se crean que el liberalismo es una palabra que significa lo que a cada uno le viene bien en cada momento.

En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la única persona dentro del PP que ha dicho claramente que es liberal, que defiende el liberalismo y que quiere que su partido se acoja a esa doctrina, da la impresión de que cree que es algo que nació con la escuela económica de Chicago y que se refiere sólo a la privatización acelerada, por las buenas o por las malas, de todos los servicios públicos que se pueda, incluida la educación y la sanidad. Resulta asombrosa la naturalidad con la que la presidenta ignora buena parte de la doctrina que dice representar, en concreto todo lo que ayudó a la modernización de las sociedades europeas del XIX y que tenía que ver, precisamente, con la vigorosa y tenaz defensa de la libertad de conciencia ante cualquier tutela teológica o religiosa. Lo más contrario al liberalismo no es un hospital de gestión pública. Lo radicalmente contrario a todo lo que significa y significó esa doctrina política es, precisamente, el convenio que ha firmado en Madrid Esperanza Aguirre. solg@elpais.es

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de abril de 2008