Denunciados varios vertederos ilegales en Alt Penedès
La Generalitat ha empezado a actuar contra varios propietarios del Alt Penedès que habían tolerado que en sus fincas se depositara tierra de obras públicas en una cantidad superior a la permitida. Para utilizar sus terrenos como destino de los escombros, los propietarios necesitan un permiso explícito de la Generalitat en el que se fija una cantidad máxima. Todo apunta a que en estas zonas se deposita más cantidad de la permitida, lo cual ha motivado la queja de varios alcaldes.
Los agentes rurales han clausurado cuatro de estos puntos y se han abierto una veintena de expedientes más, localizados entre los municipios de Gelida, Subirats y Sant Llorenç d'Hortons.
La tierra proviene de obras del AVE, de la ampliación del aeropuerto de El Prat y de la línea 9 del metro. Las empresas que trabajan en estas infraestructuras firman contratos con los propietarios para poder deshacerse de las tierras que extraen. Los propietarios, agricultores en su mayoría, reutilizan buena parte de las tierras que les envían para explanar sus fincas, previo permiso de la Generalitat y siempre bajo un proyecto técnico. Pero esta fórmula tiene algunos agujeros, por lo que los alcaldes se muestran preocupados por la calidad y la cantidad de las tierras que llegan.
AVE y aeropuerto
Un portavoz de Adif, gestor de las obras del AVE, explicó ayer que exige a sus contratistas un certificado que indique que se cumplen las normas del contrato. En éste, el constructor especifica los vertederos a los que llevará los escombros.
El aeropuerto de El Prat no tenía constancia ayer de que ninguna empresa usara un vertedero ilegal, puesto que la retirada de los escombros es responsabilidad de las sociedades que se hacen cargo de las obras. Las fuentes consultadas, sin embargo, matizaron que el vertido de tierra no sería actual, ya que las obras de la nueva T-Sur empezaron hace tres años y las de la tercera pista, que funciona a pleno rendimiento, hace cinco, informa Maiol Roger.
El alcalde de Subirats, Antoni Soler (ERC), recuerda que hace más de un año que denuncia "un descontrol total" sobre las tierras que se depositan en varios municipios de la comarca, sin que la Generalitat haya tomado cartas en el asunto. Los ayuntamientos no tienen competencias en esta materia ni capacidad de control. "No podemos ir detrás de cada camión que llega", dice Soler, que cree que lo más preocupante es la calidad de las tierras teniendo en cuenta que se trata de una zona incluida en la Denominación de Origen Penedès. A su juicio, los dueños pueden cometer irregularidades "por ignorancia o por otros motivos" y asegura que muchos de ellos tampoco son capaces de controlar los residuos que les llegan, por lo que pide más responsabilidad a las constructoras y a la Administración.
