A la espera

El empleo doméstico ha proliferado en los últimos años con un marco legal propio de otro siglo. Las empleadas de hogar (en su mayoría mujeres, inmigrantes y camufladas en la economía sumergida) se rigen por una norma arcaica, impropia del momento en que fue aprobada (1985), que permite a quien las contrata restarles hasta un 45% de su salario por alojamiento o manutención. También despedirlas sin indemnización o hacerles un contrato verbal, sin necesidad de registrarlo en ningún organismo.

Con el convencimiento de que este marco legal es discriminatorio, el Ministerio de Trabajo decidió el año pasado desterrar el régimen especial de cotización a la Seguridad Social y pactar uno nuevo con los agentes sociales. Oficialmente, en este régimen cotizan algo menos de 300.000 personas, pero expertos del sector cifran en más del doble el número de trabajadores que desempeñan esas labores. La creciente incorporación de la mujer al mercado laboral ha disparado esa actividad, principalmente desempeñada por inmigrantes en la clandestinidad. Ese elemento agrava la falta de derechos que caracteriza al sector.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, presentó en el último trimestre de 2007 un modelo a empresarios y sindicatos que establece la obligación de firmar un contrato, fijar una jornada laboral y cotizar a la Seguridad Social, al menos cuando se realicen 20 horas de trabajo a la semana. Los sindicatos y la patronal apenas tuvieron tiempo de negociar las condiciones de ese nuevo marco antes de las elecciones, por lo que el proceso se retomará en esta nueva legislatura con el mismo equipo de la anterior. Una portavoz de Trabajo asegura que no tardarán en iniciarse los contactos.