Los pluses del señor del castillo
El ex alto cargo balear acusado de corrupción sale libre tras pagar la fianza y reconocer los hechos
"Soy el director gerente de Bitel, la única empresa pública rentable del Gobierno de Baleares. No hay otra con beneficios". Damián Vidal, de 49 años, se reconoció así, ufano, en un diálogo sostenido en Barcelona, durante la legislatura balear 2003-2007. Detalló que desempeñaba el importante cargo ejecutivo oficial al frente de la compañía telemática, con 250 empleados en la vanguardia.
Vidal salió ayer por la tarde de los juzgados de Palma tras pagar una fianza de 200.000 euros con un cheque que llevaba preparado, avalado por su hermano. Está acusado de los delitos de malversación, cohecho, fraude, prevaricación y falsedad documental. Según el fiscal Pedro Horrach, dejó un agujero de más de 700.000 euros (200.000 en beneficio propio, véase gráfico, y 500.000 en adjudicación de proyectos) en las arcas de Bitel, por lo que ha pedido 20 años de prisión. Tras dos horas de declaración, asumió la responsabilidad de los delitos que se le imputan y los justificó por las deudas que tenía.
El PP ayer se sintió "avergonzado" y pidió "perdón" por los abusos de Vidal en beneficio propio y de empresas que cobraban por trabajos que no realizaron. Entre los responsables de estas compañías hay otros cinco imputados que vinieron a reconocer los hechos. Uno de ellos acusó a Vidal de cobrar comisiones por estos favores y dijo ser un simple testaferro suyo.
El supuesto corrupto es terrateniente por herencia familiar: posee el castillo de Santueri y la extensa finca de montaña que lo rodea. Santueri y las casas rurales de los Vidal, ante toda costa del sureste de Mallorca, valen más de 10 millones de euros. Casado en dos ocasiones con herederas de notables familias de Mallorca, es un hombre campechano.
Vidal no era militante del PP, no consideró necesario afiliarse. Era un hombre de Jaume Matas y gozaba de la confianza política y el agradecimiento personal del que fue presidente de Baleares (1996-1999 y 2003-2007) y ministro de Aznar (2000-2003). Matas se fue a Estados Unidos tras perder el poder en mayo de 2007. El pasado verano, hasta el día después de vencer su contrato de alta dirección con Bitel, Damián Vidal se dio sobresueldos y pagó in extremis decenas de miles de euros a sus testaferros.
Estuvo bajo la égida de Matas porque fue el perito judicial de parte que le ayudó a eludir las imputaciones en la causa penal por espionaje al correo electrónico a un cargo del PSOE. El correo pinchado lo controló Bitel. El ahora imputado por corrupción aportó informes favorables a las tesis del "error" casual del un pinchazo para exculpar al que era presidente. Los socialistas aún sostienen que Matas usó los correos de la oposición que llegaron a su ordenador de Presidencia.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Caso Bitel
- Jaume Matas
- Gobierno autonómico
- Comunidades autónomas
- Política autonómica
- Corrupción política
- Corrupción
- Casos judiciales
- Gobierno
- Administración Estado
- Malversación fondos
- Govern Balear
- Baleares
- Empresas públicas
- PP
- Sector público
- Administración autonómica
- Partidos políticos
- Delitos
- Empresas
- Política
- Justicia
- España
- Economía
- Administración pública