Cataluña pedirá que la solidaridad se acote a la sanidad y la educación

Cataluña tiene asumido que es una comunidad rica y que deberá continuar contribuyendo de manera "importante" a la solidaridad con las autonomías menos desarrolladas. Pero, en el nuevo sistema de financiación por negociar, el Gobierno catalán exigirá que, a la hora de calcular la solidaridad, sólo se tengan en cuenta los servicios sociales, de educación y sanidad.

Es decir, los considerados "esenciales" para el Estado de bienestar. Así consta en el documento que el consejero de Economía, Antoni Castells, ha entregado a los tres partidos del Gobierno d'Entesa.

Castells apela al patriotismo de CiU en la negociación de la financiación

Simplificando, en el sistema actual de solidaridad se considera el 100% de los servicios que reciben los ciudadanos: a sanidad o educación se suman otros ligados al medio ambiente, la cultura o la agricultura.

En las áreas consideradas el corazón del Estado de bienestar, la propuesta afirma que la nivelación debe ser total; es decir, que no podrá haber grandes diferencias en la educación o la sanidad que reciban los ciudadanos de distintas autonomías, siempre que el esfuerzo fiscal de éstas sea también similar. Sin embargo, el documento establece que cada comunidad se haga cargo del resto de servicios no esenciales de acuerdo con su capacidad fiscal. Este concepto relaciona los ingresos tributarios de un territorio con su población.

El gran hueso duro de roer en la negociación con el ministro de Economía y vicepresidente, Pedro Solbes, y el resto de comunidaes será pactar qué entra en los servicios considerados esenciales y qué peso deberá dárseles en el gasto total de las autonomías. En el documento de Castells, que ERC e ICV están analizando, no hay una propuesta. Pero sugiere ya que el peso en porcentaje de la sanidad y la educación debe oscilar entre el 65% y el 75% del total.

En el críptico lenguaje de la Hacienda Pública, el sistema propuesto, similar al de Alemania, Suiza o Canadá, se llama sistema de nivelación parcial. Y, tras su aplicación, sigue habiendo diferencias de renta entre los territorios ricos y pobres, aunque se acortan. Hoy, tras aplicar el sistema de solidaridad, los recursos per cápita en Cataluña acaban siendo inferiores a los de comunidades más pobres como Extremadura.

Para abordar cómo se nivelarán los servicios básicos del Estado de bienestar -la base de la solidaridad-, habrá que calcular qué necesidades de gasto tendrá cada autonomía. Y para hacer ese cálculo, Cataluña quiere que, por encima de otros factores, se tenga en cuenta la población, con correcciones como la inmigración y el más elevado nivel de vida de este territorio.

Otro criterio clave que deberá negociarse es de qué hablamos cuando nos referimos a la capacidad fiscal. Si ésta tiene en cuenta la población y los ingresos tributarios de un territorio, en esa relación Cataluña pide que se considere cuánto dinero podría llegar a recaudar una comunidad con cada tributo. Se quiere evitar, por ejemplo, que una autonomía que suprima el impuesto de sucesiones (y que, en consecuencia, tenga menos ingresos) aproveche para decir entonces que tiene mayores necesidades de gasto e intente resolver su problema por la vía del sistema común de solidaridad.

El punto de partida de la negociación es, a juicio de Castells, que la tarta total de ingresos de las autonomías aumente. Está por ver en cuánto. Sólo si aumentan se corregiría el contrasentido de que, hoy, las comunidades sólo gestionen el 22% de los ingresos, pero por sus manos pase el 36% del gasto. El Estado tiene el 43% de los ingresos (sin la Seguridad Social), pero gestiona el 22% del gasto. La última exigencia pasa por que el modelo se actualice periódicamente.

El tripartito acordó ya el pasado jueves tender la mano a CiU para hacer un frente común en la negociación con Madrid. "Lo que nos da fuerza es la unidad, la división interna nos debilita enormemente", subrayó Castells ayer en una entrevista a Catalunya Ràdio. El consejero apeló al "patriotismo" de CiU y le pidió que se deje de "tacticismos" y "ponga los intereses del país por delante de cualquier otra cosa".

Desde la federación nacionalista, Artur Mas expresó su disposición a llegar a acuerdos en el nuevo modelo, siempre y cuando se saque el "máximo provecho" a lo que prevé el Estatuto y se respete el calendario. El Estatuto marca como fecha límite el 9 de agosto para pactar los principios del nuevo sistema. El ministro Solbes avanzó ayer que el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mayo abordará ya la financiación autonómica.