"El retraso en los asuntos de violencia de género causa inquietud"

Como en el caso del juzgado de Sevilla que no logró encarcelar al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz (juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5) que fue incapaz de detectar el peligro que corría Sylvina Bassani, también fue objeto de una visita ordinaria del servicio de inspección del Poder Judicial en julio de 2007.

Entre la documentación que examinó el inspector en esa ocasión se encontraban cuatro escritos que el secretario judicial remitió al secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en los que detallaba la desastrosa situación en la que se encontraba el juzgado. Uno de esos escritos, fechado el 29 de abril, se refiere expresamente a causas como la de Sylvina. "El negociado de violencia de género sufre tan notable retraso que causa verdadera inquietud", llegó a escribir el número dos del órgano judicial.

Además de ese aviso, el servicio de Inspección se encontró con una plantilla de funcionarios completamente inestable y una "notoria movilidad de personal". La nómina estaba formada por cinco trabajadores interinos y sólo tres titulares y se registraron "coberturas tardías de las vacantes" con "personas inexpertas en el ámbito judicial", por lo que se proponía la adscripción "de personal más estable y experto".

Asuntos paralizados

Además, el juzgado sufría un notable exceso de trabajo sobre todo en los asuntos penales. 88 causas con medidas cautelares de tipo personal vigentes (prisión, por ejemplo) se encontraban completamente paralizadas. "Se diagnosticó la quiebra del impulso de oficio en el ámbito penal, que también se reproducía en las infracciones de violencia sobre la mujer", dice el informe de la Inspección.

La titular que abrió diligencias contra el presunto asesino de Sylvina explicó al dejar el juzgado que las principales carencias con las que se había encontrado para realizar su trabajo eran "la falta de control de las incomparecencias de los citados a declarar o notificar" y de "los asuntos en trámite", así como "la falta de cumplida dación de cuenta" de los funcionarios a la juez o al secretario. También reflejaba "el retraso alarmante de los asuntos penales" y la "necesidad de dotar al juzgado de más personal".