Sindicatos, comerciantes y usuarios se unen contra la ley del comercio

Los principales sindicatos (ELA, CC OO, UGT, LAB y el agrario EHNE), la organización de consumidores EKA-COUV, las asociaciones de comerciantes y ecologistas han hecho frente común para paralizar el proyecto de reforma de la Ley de Actividad Comercial, que tramita el Parlamento vasco. La modificación, criticaron ayer en una comparecencia conjunta, favorecerá la proliferación de grandes superficies en el extrarradio urbano, "destruyendo la vida en las ciudades".

Piden a los grupos políticos que debatan la reforma legal con expertos

El trabajo precario que predomina en los mega-centros, la competencia desleal que suponen para el pequeño comercio, la contaminación que generan al obligar a coger el coche para cualquier compra cotidiana, y el "desmantelamiento de las ciudades", que se quedarán sin vida, son sus principales argumentos para rechazar la ley. El jueves presentarán ante el Parlamento sus alegaciones a la reforma y lanzarán una campaña bajo el lema "Si el comercio es vida, que no lo destruyan".

La reivindicación coincide con la polémica sobre la apertura de los comercios en domingos y festivos. Euskadi es la única comunidad autónoma donde no se abre -pese a que la ley lo permite y las grandes superficies están interesadas- por la oposición de los sindicatos, que apelan al derecho al descanso de los trabajadores. El asunto está incluso en manos del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, que investiga una posible acción sindical concertada que explicaría la no apertura en festivos. Ayer, sin embargo, los sindicatos no quisieron mezclar ambos asuntos.

Pidieron a los grupos políticos que expliquen qué modelo comercial defienden y que la nueva norma se debata con el asesoramento de expertos. "La ley da a los alcaldes la libertad para recalificar, e incluso obliga a hacerlo a los ayuntamientos que apuesten por otro modelo comercial", criticaron. Según señalaron, el artículo 13 del proyecto impone que se califiquen suelos cuando proceda instalar una grande superficie, "en vez de supeditar la presencia de ésta al interés general".

Criticaron por ello la actitud contradictoria del Gobierno, que, "a la vez que promueve campañas y ayudas para el pequeño comercio, da privilegios por ley a las grandes superficies". Ese modelo "insostenible", argumentan, sacrifica los derechos sociales y el medio ambiente "en pro del beneficio económico". El Departamento de Industria, Comercio y Turismo, que prompvío el anteproyecto, no quiso realizar declaraciones.

Los firmantes abogan por una ley a semejanza de la de Cataluña, que limite las grandes superficies a la trama urbana, en función del número de habitantes. Como mañ menor abogan porque los centros comerciales estén en la ciudad, de forma que compitan "en pie de igualdad" con el pequeño comercio, al que llamaron a proteger con acciones directas, además de con campañas.

Los consumidores, sostuvieron, saldrían beneficiados con una alternativa de "comercio cercano y variado, con oferta de ocio en la propia ciudad, para una mayor sociabilidad". El sindicato EHNE añadió que los productores locales se ven abocados a la desaparición por la competencia de las grandes marcas. Los ecologistas, por su parte, exigieron mejorar los controles medioambientales al instalar centros en el extrarradio.