"No abrimos las heridas, es que no pudimos cerrarlas"

Al abuelo de Mari Carmen España lo asesinaron el 17 de septiembre de 1936. "Era jornalero, tenía 28 años y mi abuela estaba embarazada", cuenta la nieta desde el cementerio de La Puebla de Cazalla (Sevilla). No quiere soltar la pala ni para hablar unos minutos: "Desde que me enteré, no he parado. Necesitaba abrir esta fosa". Señala un enorme socavón rodeado de nichos y flores de plástico. "Mi padre sólo tenía tres añitos cuando murió mi abuelo", se indigna agotada.

España es de Lantejuela, un pueblo muy próximo a Cazalla.Lleva un chándal morado y tiene barro en las botas y en las manos: "Un señor de 86 años, Antonio Caro Andrade, me contó hace unos años que a mi abuelo [y a otros seis] le habían arrojado aquí". Cuando la nieta se emocionó con el hallazgo, el anciano contestó extrañado: "Pero mujer, si eso lo sabe todo el mundo".

Al abuelo de Mari Carmen, Manuel España Gil, lo mandaron llamar de madrugada. "De ahí a la cárcel y de la cárcel al tiro por la espalda", resume su nieta. Le aplicaron la ley de fugas: "Decían a los prisioneros que saltaran del camión, y cuando estaban abajo, les pegaban un tiro alegando que se intentaban escapar".

Junto a España cuatro miembros del grupo Aranzadi, una asociación de científicos especializados en ajusticiamientos durante la Guerra Civil. Llevan en Cazalla desde el 26 de marzo. "Hemos exhumado ya 22 cadáveres pero aquí puede haber hasta 200 personas", anuncia Jimmi Jiménez, el responsable del grupo. El resto del equipo lo escucha con atención. Son Daniela Leiva, antropóloga forense de Chile, Sara Gálvez y Miguel Lorente, arqueólogos de Madrid. Gálvez, de 27 años, rebosa energía: "¡Sólo somos cuatro cavando! Pensábamos que habría una fosa y resulta que hay tres". Y apunta Leiva, la más locuaz: "¡Es obvio que necesitamos dinero! La subvención que tenemos no nos da para pagar a un científico más", se queja. "¡El problema de las fosas hay que solucionarlo ya! ¡Todas las personas merecen un entierro digno! No podemos seguir pensando en los viejos de la lejana Guerra Civil. ¡Algunas de estas personas son más jóvenes que yo!", protesta Leiva, de 30 años.

España mira a los chicos y se alegra. "Si no fuera por ellos, no habría conseguido sacar a mi abuelo". Los antropólogos la abrazan. "Hasta en el trabajo [es técnico de archivo en el Ayuntamiento de Lantejuela] me han dicho que ahora se me nota menos triste".

Paqui Maqueda es la vicepresidenta de la Asociación de la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA). Escuchó los ruegos de España y le proporcionó ayuda. Aunque reconoce que se necesita más. Su petición: "Hago un ruego a la Junta de Andalucía para que se haga responsable de las exhumaciones. Es cierto que trabaja mucho para la recuperación de la memoria histórica pero no parecen partidarios de abrir las fosas".

España se entristece por "el silencio y la vergüenza" que sienten otros familiares de fusilados. Y para los que critican su actitud, también tiene algo que decir: "¿Por qué hablan de que vamos a reabrir heridas? ¡Pero si nunca nos han dejado cerrarlas!"

El alcalde de La Puebla de Cazalla, Antonio Martín (IULV-CA), también apoya las excavaciones. "Yo ayudo lo que puedo. Mando operarios y alguna máquina, pero tampoco disponemos de mucho". El grupo Aranzadi y España elogian su actitud: "Es majísimo". La Presidencia del Gobierno central les ha concedido una subvención de 40.000 euros. Pero no es suficiente. "Si no nos ayuda alguien más, tendremos que parar las exhumaciones", se lamenta Leiva. Mientras tanto, se conforma con lo que tienen. "A veces los del pueblo se acercan a echarnos una mano. ¡Y eso nos anima un montón!", dice.