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La psicóloga del caso del crimen de Alovera tiene un récord de quejas

La empleada pública tachó de "incoherente" a la mujer y negó que el sargento fuera maltratador - La Consejería de Justicia conoce las denuncias desde 2006

La psicóloga que examinó a Sylvina Bassani, la mujer argentina asesinada el jueves a tiros por su ex marido junto a su pareja delante de su hijo de cuatro años, dictaminó ante el juzgado de violencia sobre la mujer de Torrejón de Ardoz que "desde el punto de vista psicológico" no se podía "hablar de maltrato en el ámbito familiar". No creyó a la mujer, a la que calificó de contradictoria e incoherente y a la que recomendó tratamiento psicológico "para elaborar adecuadamente su conflictividad de pareja y aprender a abrirse a las relaciones paternofiliales". Por el contrario, el hombre, Javier Lacasa, que había intentado suicidarse el día que lo detuvo la Guardia Civil -como consta en el atestado del instituto armado- y que él mismo le refirió en la entrevista que había tirado al suelo una televisión porque su mujer quería hacer un viaje a Boston, le pareció una persona normal.

La psicóloga sólo ha recibido una amonestación verbal de la consejería

Dijo que el sargento era normal a pesar de que constaba un intento de suicidio

Esta psicóloga, María Isabel Tagle, empleada de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, es la que más quejas ha recibido en el Colegio de Psicólogos de la región, nueve. Al menos seis han sido remitidas a la consejería. Las primeras, en noviembre de 2006, con tres informes negativos que indicaban que había vulnerado principios deontológicos en sus escritos. La única respuesta del Gobierno regional fue una amonestación verbal en otoño de 2007 en la que se le pidió que "moderara sus formas" y que "siguiera un exquisito procedimiento en sus actuaciones".

"Sin duda se sabía que había un problema con esta psicóloga", señala Fernando Chacón, decano del Colegio de Psicólogos de Madrid. "Su caso es conocido, porque nadie aquí tiene tantas quejas. Si no hubiéramos pensado que el tema era importante, no habríamos remitido los informes a la consejería. Ahora siempre nos quedará la duda de si se podría haber hecho algo más para evitar estas muertes".

El informe del caso de Sylvina Bassani y Javier Lacasa, firmado por Tagle y por un trabajador social, es el único que se ha emitido en los procedimientos penales y civiles abiertos tras dictarse la orden de protección en septiembre de 2006. Una primera juez, al abrir las diligencias, pidió un informe psicológico de Lacasa por el intento de suicidio del día de la detención. Pero en los procedimientos sólo consta este informe psicosocial dictado para el divorcio. El abogado penal de la víctima, Roberto García, solicitó posteriormente un informe psiquiátrico de Lacasa, recordando, además, que lo habían condenado en un juicio de faltas por pinchar las ruedas del coche de unos vecinos de Sylvina que habían testificado a su favor. La magistrada Gemma Fernández denegó esta solicitud en abril de 2007.

Una portavoz de la Consejería de Justicia de Madrid confirma que les consta la existencia de varias quejas sobre esta psicóloga, pero señala que no se tomaron medidas disciplinarias más graves porque entendían que las quejas no tenían suficiente entidad.

En uno de los informes negativos remitidos por el Colegio de Psicólogos madrileño se relata que, en un procedimiento de familia, Tagle proponía que el hijo del matrimonio se quedara con el padre porque la madre había sido violada a los 14 años por un compañero de instituto. La psicóloga concluía que, como el hijo era hombre y ella les tenía cierto rechazo, era mejor que el hijo se quedara con el padre. En otro de los casos diagnostica un trastorno esquizo-paranoide, recomendando el internamiento involuntario, "sin indicar la metodología utilizada", según señala la comisión deontológica del Colegio de Psicólogos. La comisión habla, en varios casos, de falta de argumentación, de escasa fundamentación y de falta de respeto a los peritados. Todas las quejas han sido presentadas por mujeres.

Tagle se dio de baja del Colegio el 13 de febrero de 2007, después de varios informes negativos que cuestionaban su forma de trabajar. Actualmente no está colegiada. Así como en el caso de los psicólogos privados la colegiación es necesaria para ejercer, cuando trabajan para la Administración la situación no está clara. Tampoco está claro, según el decano del Colegio de Madrid, Fernando Chacón, si en estos casos ellos pueden sancionar disciplinariamente. Hay otra queja, todavía no remitida a la consejería, que el Colegio de Psicólogos de Madrid está investigando y que está pendiente de informe. Este periódico intentó el viernes, sin éxito, localizar a la psicóloga Tagle en los juzgados de Torrejón para recabar su versión.

En cualquier caso, parece que son varios los fallos que se han cometido en este trágico caso, y por parte de varias instituciones. La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo del Poder Judicial, Montserrat Comas, solicitó el jueves una reunión con representantes de los ministerios de Interior y Justicia y de la Fiscalía General del Estado para averiguar si "han funcionado correctamente los mecanismos de coordinación".

Otro de los elementos que se debe investigar es la actuación del fiscal. La instrucción concluyó en el verano de 2007 y desde entonces están pendientes de presentarse los escritos de acusación. El abogado de la víctima, Roberto García, dice que el juez trasladó las actuaciones al fiscal, sin que este haya dado señales de vida, más de siete meses después.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de abril de 2008