Las clínicas piden una reforma de la ley tras la investigación contra Isadora

El candidato a la presidencia, José Luis Rodríguez Zapatero, fue cauto en el discurso de investidura al pronunciarse sobre la necesidad de reformar la Ley del Aborto. Al igual que durante la campaña electoral, habló de evaluar y hacer un balance de la actual normativa, a través de un grupo de trabajo, antes de tomar ninguna decisión al respecto. Izquierda Unida, ICV y el Bloque Nacionalista Galego le habían pedido algo mucho más concreto: que el aborto salga del Código Penal y que se elabore una ley de plazos que deje libertad a las mujeres para decidir durante las primeras semanas de embarazo sin necesidad de que ningún médico tenga que dar su visto bueno. El objetivo sería, además de reconocer la autonomía de las mujeres, lograr una mayor seguridad jurídica tanto para ellas como para los médicos que hacen las interrupciones.

Seguridad jurídica es lo que piden reiteradamente los médicos de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción de Embarazos (ACAI). "Es necesario reformar la ley actual", señala el vocal de Asturias y Castilla y León, Eugenio Civieta. "Con una ley de plazos, al menos durante las primeras 12 o 14 semanas de embarazo, ni las mujeres ni los médicos correríamos los riesgos que corremos ahora. Queremos trabajar como cualquier médico, sin temer que cualquier juez del Opus Dei busque razones para condenarnos".

ACAI denuncia que la investigación llevada a cabo por algunos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil contra la clínica madrileña Isadora es una "persecución en toda regla", señala Civieta. "Han ido a por ellos, sin más, como podían haber ido a por otra clínica. No entendemos nada de lo que está ocurriendo. No había fetos de más de 22 semanas. Por otro lado, lo más normal es que los residuos de la clínica se guarden en arcones congelados hasta que llega la empresa encargada de gestionarlos. Esto pasa así en todos los hospitales de España, pero han ido buscando cualquier cosa para fundamentar su persecución. El Gobierno debería tomarse en serio este problema".