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La Generalitat seguirá encargando informes de manera discrecional

Nadal defiende la contratación de asesores externos como medida de "ahorro"

El Gobierno catalán gastó el año pasado 32 millones de euros en estudios externos, una cantidad que, salvando todas las distancias, permitiría abastecer de agua a Barcelona en barco durante un mes y medio. Del total de la partida, hasta 1,4 millones fueron para asesores de imagen. Además, muchos de estos informes fueron contratados por un precio apenas un euro inferior al que habría obligado la convocatoria de un concurso público: 12.000 euros. Pero todo ello es insuficiente para que el Gobierno cambie su política de contratación de informes. "No nos lo hemos planteado", admitió ayer el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, tras la reunión del Consell Executiu.

Tura podrá resolver los recursos contra los registradores de la propiedad

Contratar informes externos antes de tomar decisiones es moneda común en todos los departamentos del Gobierno catalán. Sin embargo, se ha recurrido a ellos no sólo para tomar decisiones sobre obra pública o proyectos sociales. De la lista de informes del año pasado publicada por la Generalitat destacan títulos como el seguimiento de la almeja brillante (27.900 euros), el cultivo de la chufa (11.965) o sobre el murciélago nana (2.328 euros). La Generalitat también destinó hasta 295.000 euros para la construcción y desarrollo de dos portales web. Ninguno de los dos ha entrado en funcionamiento cuatro meses después de expirar la fecha límite para ello.

Al ser preguntado sobre la conveniencia de algunos de estos informes, Nadal rechazó ayer desacreditar el conjunto de los encargos. "No se puede juzgar el todo por la parte", dijo el consejero, quien también denunció que el encargo de informes al exterior obedece a la intención de concentrar todos los asesoramientos a escala interna. Añadió que también puede ser una medida de ahorro. "La externalización, a veces, es necesaria", explicó. Eso sí, Nadal evitó en todo momento defender el conjunto de los informes encargados por la Generalitat el año pasado.

- Plan metropolitano. El Gobierno catalán también aprobó en su reunión de ayer el Plan Territorial Metropolitano (véase EL PAÍS de ayer). El plan prevé que en 2026 la región de Barcelona y sus 163 municipios aledaños tengan 5,7 millones de habitantes.

- Justicia. El Departamento de Justicia, que dirige Montserrat Tura, podrá resolver los recursos interpuestos contra decisiones de los registradores de la propiedad. Así consta en el anteproyecto de ley aprobado ayer por el Gobierno, que supone desarrollar el artículo 147.2 del Estatuto. Mediante el desarrollo de lo previsto en el Estatuto, las entidades o personas jurídicas o físicas que tengan que interponer un recurso contra la decisión negativa de un registrador de inscribir un título o cláusula en un registro lo tendrán que hacer necesariamente ante la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas antes de ir a la vía judicial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de abril de 2008