Ayudar a Erdogan

La oposición y el establishment laico de Turquía, que incluye a los mandos militares, han logrado un primer éxito con la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de una acusación contra el presidente Gül, el primer ministro Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) por "actividades antilaicas" y por adoptar el islam como referencia. Dar este paso, después de las elecciones que ganó ampliamente el AKP, equivale a intentar ganar por vía judicial lo que no lograron en las urnas por dos veces. Una parte de los laicistas no sólo defienden su concepción de la política, sino sus privilegios. La UE, a través de su comisario de la ampliación, Olli Rehn, ha salido en defensa de la democracia en ese país pivote entre Occidente y Oriente, cuyo actual Ejecutivo ha sido más reformista y europeísta que los precedentes. Y los Gobiernos deben ser igual de tajantes.

El gran crimen de Erdogan, Gül y el AKP, la transgresión de la línea roja tal como lo ven los laicistas, es permitir que las estudiantes universitarias (no las profesoras) puedan llevar el pañuelo islámico a clase. Es un paso tímido, y una posibilidad que no prohíbe ningún otro país europeo. Constituye sin duda un guiño a su electorado, pues el AKP tiene raíces islámicas, aunque no formales. En un país de mayoría musulmana, no cabe decir que se trate de un desafío al Estado laico, sino de una ampliación de los derechos razonables, si bien significa un mayor conservadurismo social.

Aunque el fallo del Constitucional tarde meses en llegar, en unas semanas se debería ver cómo se organiza la vista. Es necesaria una salida rápida, lógica y consensuada. El caso ha llenado de incertidumbre a una economía turca que ha entrado en una fase de menor crecimiento tras unos años dorados que han beneficiado al AKP. Éste ha ampliado su base de sectores rurales y pobres a una nueva burguesía urbana, aunque conservadora en materia moral y de costumbres.

Un fallo en contra de Erdogan y los suyos podría incapacitar políticamente al primer ministro, al presidente y a su partido -como ocurrió anteriormente-, y todo en nombre de una Constitución que dictaron los militares en 1980. Pero la Unión Europea no puede permitir tal tropelía a sus puertas y en un Estado con el que está negociando la adhesión.