El cuidado por vecinos, bajo la ley del silencio

Francia financia desde hace décadas un servicio por el cual las mujeres que no trabajen pueden cuidar en su casa entre cuatro y seis niños o acudir a atenderlos a otros domicilios particulares. Este sistema funciona sobre todo en ciudades, como París, en las que faltan plazas de educación infantil. Este servicio es exclusivamente para antes de la edad de escolarización obligatoria y se empezó a crear a raíz de la llegada masiva de las familias de los inmigrantes en la década de los setenta del siglo pasado.

En España apenas hay datos, pero sólo en los últimos tres años la oficina del Defensor del Menor de Madrid ha recibido más de cinco denuncias sobre pisos utilizados como guarderías ilegales. "Las guarderías pirata son locales sin control que normalmente están situados en zonas donde residen muchos inmigrantes", explica Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Las familias dejan los niños al cuidado de otros vecinos por unos 50 euros al mes, detalla Canalda. "Es difícil detectarlos porque impera la ley del silencio", protesta el Defensor, quien reclama la colaboración de los ciudadanos y de las fuerzas del orden.

Colaboración ciudadana

"El trabajo de las policías locales es muy importante, pero sólo pueden actuar a raíz de la denuncia de alguien", añade. Una vez localizados, resulta complicado demostrar la actividad clandestina. "Ha habido casos en los que hemos conseguido que la policía acudiera al piso, pero no ha podido demostrar que existiera una relación mercantil", señala. Y añade el problema de fondo: "La educación infantil tiene un grave problema de falta de plazas".

"Este tipo de centros en pisos proliferan tanto en Madrid como en Barcelona", asegura Carmen Ferrero, miembro de la junta de portavoces de escuelas infantiles de Madrid. Ferrero también cree que existe "una clara vinculación" entre la actividad clandestina y la escasez de plazas educativas para menores de tres años.

La junta de portavoces madrileña, formada por una veintena de trabajadores de centros públicos elegidos por votación, reclama además un registro público en el que se inscriban y controlen las escuelas infantiles privadas, las ludotecas y todo tipo de centros de recreo.

Canalda prepara un documento de "requisitos mínimos" que espera concluir antes del verano y que evite que la regulación de este tipo de locales "quede exclusivamente al arbitrio de cada ayuntamiento". Propone fijar un número máximo de menores por local, establecer dimensiones mínimas y una formación específica para los cuidadores.

Lola Abelló, presidenta de la confederación de padres laica Ceapa, conoce bien el problema: "El mundo del 0-3 ha estado poco cuidado. Y ahora hay un problema social real. Las guarderías se tardan en construir y la sociedad va más rápido que las respuestas educativas". "Hay que buscar soluciones, y aunque sea un tema también asistencial, deben ser lo más educativas posible. Pero el objetivo es que haya una plaza gratuita para cada niño", concluye.