La impunidad alimentó el fraude de Irún

El sumario judicial contra el ex director de la Hacienda de Irún, José María Bravo, acusado de encabezar la trama del fraude fiscal cometido en dicha oficina, engordó ayer un poco más. El diputado de Hacienda, Pello González, de EA, entregó a la juez que investiga el caso, Almudena Ovejero, 12 nuevos expedientes en los que existen indicios de delito y que se suman a los 37 que ya están en su poder.

Con los nuevos expedientes, el quebranto al fisco se eleva a 8,1 millones

Un recorrido por todos estos expedientes, repartidos en quince años, permite comprobar que la forma de actuar fue siempre similar. Bravo contactó con contribuyentes morosos, negoció supuestamente con ellos la deuda y les requirió el pago, casi siempre en cuantía inferior a la debida. Recibía el dinero, pero esas cantidades nunca fueron ingresadas en Hacienda, sino, al parecer, en su cuenta. Luego daba por zanjada la deuda. Por estos hechos se encuentran imputadas otras cuatro personas.

Pero un vistazo a los expedientes refleja también que el principal acusado creía tener "las espaldas cubiertas o impunidad total para lucrarse", porque los expedientes irregulares y las cuantías defraudadas fueron aumentando "progresivamente", subrayó ayer González.

El anterior equipo de Hacienda, encabezado por el peneuvista Juan José Mujika, revisó en colaboración con la Fiscalía de Guipúzcoa 5.954 expedientes que fueron dados de baja por prescripción o insolvencia entre 2001 y 2004. En esa primera inspección encontró 228 casos con irregularidades. De ellos, 37 presentan indicios penales y totalizan un fraude de 7,5 millones de euros. Cuando González tomó las riendas de Hacienda, decidió ampliar la revisión hasta 1989. En esta segunda fase se han analizado 1.767 expedientes tramitados por las sucursales tributarias de Irún y de Rentería en los años en que estuvieron bajo la responsabilidad de Bravo. Un total de 51 presentan anomalías, como ya adelantó el diputado el pasado mes de enero.

Estos 51 expedientes ya habían sido puestos a disposición de la juez, pero ésta solicitó a Hacienda que realizara una criba y le apuntara aquellos en los que se aprecia que existen indicios de delito. De esa criba han salido 12 casos, con los que las arcas forales habrían dejado de ingresar más de 500.000 euros.

El quebranto económico causado a la Diputación ascendería, por tanto, a 8,1 millones de euros como ya apuntó González en enero. De este montante defraudado, los responsables de la trama se habrían apropiado ilícitamente de al menos 1,6 millones de euros.

Paralela a la investigación judicial, avanza la de la comisión de las Juntas Generales para tratar de depurar posibles responsabilidades políticas. Ayer, entre otras personas, compareció Juan Pardo, ex responsable de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias. Era la segunda vez que acudía, pero no desveló ningún dato trascendente.