La Universidad Internacional será privada y su financiación, pública

El rector Francisco Tomás acusa al Consell de ocultar la naturaleza de la VIU

La International Valencian University (VIU, la plataforma de formación por Internet que la Generalitat intenta sacar adelante desde 2004) será privada y se financiará con dinero público. El proyecto de ley que la Consejería de Educación ha enviado a las Cortes devuelve a la VIU a su estado original: el que cosechó el rechazo de los cinco campus públicos durante la anterior legislatura.

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El rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, acusó ayer al Consell de ocultar la naturaleza del proyecto. En la versión que el presidente Camps y el consejero Font de Mora presentaron a los dirigentes universitarios (en Castellón, el pasado enero), la VIU era una plataforma virtual que serviría para que los campus valencianos ganasen visibilidad y alumnos en el extranjero. Se alimentaría sobre todo de los contenidos docentes que aportasen los centros públicos, no competiría con ellos y ganaría lo bastante como para ser autosuficiente.

En la versión del proyecto de ley que ha llegado a las Cortes, la VIU es una "universidad privada" diseñada "para impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial en todo el territorio nacional en la modalidad predominantemente no presencial", establece el artículo 1. El artículo 6, titulado "Financiación de la Universitat Internacional Valenciana", menciona como única fuente de ingresos el dinero público: unos "contratos-programa" que la VIU suscribirá, "atendiendo a sus necesidades de financiación", con la Generalitat por periodos de cuatro años.

"No es esto lo que se nos dijo en Castellón", aseguró ayer Francisco Tomás ante el Claustro de la Universitat de València. La junta, tendente en otras ocasiones a sublevarse, cerró filas con el rector tanto en el caso de la VIU como en la otra cuestión polémica del momento: el dinero que el Consell adeuda a la Universitat de València, que Tomás fijó en 203 millones de euros.

Las universidades públicas están pendientes de reunirse con el consejero de Educación para hablar de los "problemas económicos" que les genera la deuda y la ausencia de un marco de financiación. La VIU, el asunto que enturbió definitivamente las relaciones entre el anterior consejero, Justo Nieto, y los rectores, no estará en principio en la agenda. Pero hay pocas dudas de que el culebrón continuará.

Durante los últimos meses del mandato de Nieto, con las elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007 ya a la vista, el Consell desactivó el conflicto con las universidades prometiendo a los rectores que estaba dispuesto a cambiar completamente el proyecto de la VIU contando con su participación.

En la apertura del presente curso, Educación pareció atenerse al compromiso y empezó a llamar al proyecto "universidad internacional consorciada". Después trató de que las cinco universidades se sumaran a él afirmando, de un lado, que sin su capital humano sería imposible que funcionase; y del otro, que la VIU no les restaría recursos, sino que les haría ganar dinero.

Vendría a ser, se les dijo, una ventana a través de la cual estudiantes de todo el mundo (y en especial de Asia y Latinoamérica) podrían acceder a formación de alta calidad aunque no necesariamente oficial. No se trataba, como había defendido Nieto y como ha acabado recogiendo el proyecto de ley, de ofertar carreras del tipo Derecho, Turismo o Filología Árabe, tres títulos ya sobreofertados por los campus públicos, con el riesgo de que entre en competencia por la clientela local.

Los dirigentes académicos escucharon aquella descripción con alivio. La mayoría están seguros de que la VIU solo puede perder dinero, como le ocurre al resto de universidades virtuales españolas. "Es algo que en un momento u otro todas nos planteamos y lo descartamos porque no es rentable", comentaba hace poco uno de ellos. Así que sintieron alivio pero pidieron, al contrario que las privadas Cardenal Herrera-CEU y Católica de Valencia, conocer los detalles del proyecto antes de integrarse en él. En opinión de los rectores, la respuesta de Educación fue demasiado vaga. Quizá porque, como revela el texto remitido a las Cortes, una cosa es lo que se dice y otra, lo que se legisla.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 11 de marzo de 2008.

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