El silencio electoral de la sanidad

Vivimos en un país con una democracia reciente, francamente mejorable cuando nos comparamos con otros de larga tradición democrática como Reino Unido o Suecia. En países como éstos, la sanidad tiene un lugar importante en la agenda política. En el nuestro, no tanto. Aquí los políticos hablan de sanidad sólo en periodo electoral y, últimamente, ni eso. Y uno se atrevería a más: nuestros políticos hablan de sanidad sólo cuando la pueden utilizar como arma arrojadiza frente al contrincante en una dialéctica, cada vez más frecuente, que azuza la rivalidad interregional.

El espectáculo dado por algunos consejeros de Salud en el Consejo Interterritorial en los últimos años es buena muestra de ello, así como que todas y cada una de las Consejerías de Salud presumen de tener ellas el mejor sistema de historia clínica informatizada, la menor lista de espera para intervenciones, los profesionales mejor pagados, la mejor tecnología, etcétera. Siendo sinceros, uno ya no sabe si la descentralización está siendo la mejor opción para gestionar los recursos destinados a la misma. Y no sólo me refiero a que la descentralización facilita la utilización partidista de la sanidad pública en la refriega electoral local y nacional, sino también a lo relacionado con la utilización equitativa y eficiente de los recursos.

Tres millones de usuarios eligen establecimientos de provisión sanitaria privada a cargo del erario público

Que las desigualdades sanitarias inter-regionales se hayan mantenido a pesar de la descentralización y que el gasto per cápita en administración, dirección y gestión de los sistemas regionales de salud sea mucho mayor en las comunidades más pequeñas (por debajo de dos millones de habitantes) que en las más grandes no habla, precisamente, a favor de una utilización equitativa ni eficiente de los recursos, ni del aprovechamiento que una gestión territorial y poblacionalmente más amplia podría hacer de la economía de escala.

Por otra parte, la innovación en sanidad, al menos la de tipo organizativo, podría haberse visto potenciada por la descentralización autonómica, pero no ha sido así, al menos en la Atención Primaria y en la Especializada ambulatoria, salvando la honrosa excepción de los centros de salud tipo EBA catalanes, ahora (un "ahora" de más de cuatro años) paralizada (¿dónde queda la gestión sanitaria basada en la evidencia?). Pero volvamos al núcleo. Hablar, lo que se dice hablar de política sanitaria, nuestros políticos hablan bien poco. Y menos que poco, en campaña electoral nacional o autonómica, como se ha podido comprobar. ¿Por qué será? ¿Es que no necesita nuestra sanidad pública ningún cambio relevante del que se ocupen sus mayores responsables? Y éstos, ¿la utilizan habitualmente o, como funcionarios que la mayoría son, eligen preferentemente la provisión sanitaria privada de MUFACE (o similares) a cargo del erario público?

Los funcionarios públicos no son los únicos españoles que pueden elegir prestación sanitaria privada a cargo de los fondos públicos. Sólo destacaré el caso de algunas empresas (BSCH, BBVA, Banco de España, Banco Urquijo, RTVE, Telemadrid, la FNMT, entre otras) que proporcionan ellas mismas asistencia sanitaria a sus trabajadores y familias compensando estos gastos mediante deducciones del pago de sus cuotas a la Seguridad Social o mediante subvenciones de fondos públicos. También, el trato excepcional, mediante convenio con la Seguridad Social, para la Asociación de la Prensa.

Curioso sistema sanitario público el nuestro que permite, precisamente a los funcionarios públicos (y a otros españoles no empleados públicos), elegir provisión sanitaria privada pagada con dinero público. En total, tres millones de españoles, entre titulares y beneficiarios. ¿Cuántos de los senadores y diputados podrían sacar de su cartera y mostrar una tarjeta de la sanidad pública con el nombre en el reverso de su médico de familia del centro de salud de su barrio? Por el contrario, ¿cuántos de ellos prefieren MUFACE o similares?

Los datos señalan que más del 90% de los que pueden elegir eligen estos sistemas de provisión sanitaria privada a cargo del erario público. Pero, ¿y qué pasa con los que no podemos elegir? Si tan buena es nuestra sanidad en los centros de salud y ambulatorios de especialistas, ¿cómo consiente el poder político que no se beneficien de ella esos tres millones de personas? A lo mejor, contestando a estas preguntas contestaríamos también a la principal: ¿por qué no se habla de política sanitaria en campaña electoral? ¿Será porque se quiere que todo siga igual?

Evidencias: todos los españoles somos iguales ante la ley, ante Hacienda... ¿y ante Sanidad? Ante esta última hay tres millones de españoles que son más iguales que los demás. Tres millones, entre los que se encuentran la mayoría de senadores, diputados, líderes políticos y mediáticos, que comparten un mismo y tácito acuerdo: no hablemos del asunto, no vaya a ser que terminemos yendo todos a que nos atienda un médico de familia al que se le citan los pacientes cada tres-cuatro minutos o a un especialista ambulatorio con una lista de espera de meses para una primera consulta o prueba diagnóstica. Ese médico de familia y especialista no son para nosotros, servidores públicos, esos médicos son para... la gente. Nosotros decidimos cómo debe ser esa sanidad pero que la utilicemos, eso ya es otra cosa. Silencio, se vota.

Juan Simó Miñana. Plataforma 10 Minutos en la Comunitat Valenciana.