Balanzas fiscales, ¿para qué?

Media Cataluña, por no decir toda, tiene interiorizada la idea de que la comunidad autónoma está mal financiada porque tiene un déficit fiscal excesivo. Es decir, que los catalanes aportan más al Estado, en forma de impuestos, de lo que reciben de éste a través de los servicios públicos. El clamor es unánime: ¡que se publiquen las balanzas fiscales!, ¡que se haga público cuánto aportan los catalanes al conjunto de España y cuánto invierte el Gobierno en la comunidad!

CiU y ERC ya han advertido en esta campaña de que sin la publicación de las balanzas no apoyarán la investidura del próximo presidente del Gobierno, y exigen que el nuevo modelo de financiación se negocie a partir de las balanzas fiscales. Tal reivindicación no es casual: el Gobierno que salga de las urnas el 9-M tendrá cinco meses justos para pactar el nuevo sistema, según marca el Estatuto, y consideran que la mejor forma de demostrar que Cataluña necesita más dinero es conociendo su saldo fiscal, cuyo déficit es de entre el 7% y el 9% del PIB catalán. CiU quiere que se reduzca 2,5 puntos y ERC que sea del 4%.

El déficit fiscal baja si el Gobierno invierte más, pero eso no da más dinero

El ministro de Economía, Pedro Solbes, lo rechaza. "Una cosa es la financiación y otra las balanzas fiscales, no hay una relación causa-efecto, aunque son, ciertamente, un instrumento útil", sostiene.

El PSC está de acuerdo en que se publiquen las balanzas, aunque más por una cuestión de "transparencia" que para convertirlas en el elemento central de la negociación.

Balanzas fiscales, ¿para qué? ¿Tienen que ver con la financiación autonómica? La mayoría de los expertos consultados creen que no. En primer lugar, aclaran que es "lógico" que las autonomías más ricas tengan déficit fiscal y que las pobres tengan superávit. Con la excepción del País Vasco y Navarra, que recaudan todos los impuestos y luego negocian lo que dan al Gobierno por los servicios que les presta (Defensa, Exteriores): el cupo.

En segundo lugar, explican que la balanza fiscal es un elemento más de los flujos económicos entre territorios, pero no el único. El saldo fiscal es "un elemento más del debate, que se podría reducir con una mayor inversión del Gobierno en la comunidad", coinciden los catedráticos Guillem López (Pompeu Fabra) y Núria Bosch (UB).

Un ejemplo sirve para ver que no existe una conexión directa entre saldo fiscal y financiación: si el Gobierno aumenta su inversión en Cataluña, el déficit fiscal disminuye, pero el sistema de financiación sigue siendo el mismo; esto es, no puede dar respuesta a las mayores necesidades de gasto fruto del aumento de la población. Es decir, la construcción de la T-Sur a cargo del Gobierno seguro que contribuye a reducir el déficit fiscal de Cataluña, pero no por ello la Generalitat tiene más dinero para hospitales y escuelas o para subir las pensiones no contributivas.

"La fijación de los recursos que necesitan las comunidades para ejercer sus competencias no es algo que tenga conexión evidente con la intensidad de los desequilibrios fiscales. Una cosa es cuánto pagan los ciudadanos de un territorio y qué gasto hace el Gobierno central en ese territorio, que es lo que mide una balanza fiscal, y otra la financiación de los servicios de titularidad autonómica", aclara el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio.

Ramon Tremosa, profesor de Teoría Económica de la UB, es el único que defiende la existencia de una relación directa entre las balanzas fiscales y la financiación. "Partiendo de que el objetivo es reducir la aportación neta de Cataluña al Estado, ¿de qué sirve un modelo de financiación si no reduce el déficit fiscal?", se pregunta. "Es como querer operar una rodilla y renunciar a la radiografía". En opinión de la mayoría de los expertos, sin embargo, el objetivo final debe ser conseguir un buen sistema de financiación, no reducir el saldo fiscal. Una cosa lleva a la otra.

La distribución personal de la renta es la que determina el resultado de las balanzas, puesto que son los ciudadanos los que trabajan y obtienen renta, pagan impuestos y utilizan los servicios públicos. "Los territorios no intervienen, no pagan", coinciden Monasterio y Ángel de la Fuente, investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC. Este economista ahonda en que la financiación es un componente más de la balanza fiscal, pero el grueso del saldo se debe a una redistribución entre personas, no entre territorios. López discrepa. "Estamos en un Estado autonómico. Los ciudadanos son quienes pagan impuestos, pero en sistemas federales lo hacen en dos jurisdicciones".