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Un nuevo país europeo

La legalidad internacional tropieza otra vez

La política rompe las costuras del derecho en Kosovo

Derecho y sanción son hermanos siameses. Ya los jurisconsultos de la antigua Roma tenían muy claro el concepto, no dudaban de que un derecho, sin fuerza suficiente para aplicarlo y protegerlo, no puede ir muy lejos. El concepto aparece en toda su cruda dureza en el tablero internacional, en el que no hay fuerza sancionatoria super partes y la aplicación del derecho está totalmente condicionada a que la defiendan algunas potencias.

"El papel de Occidente en los Balcanes es pésimo", acusa Sartori

"No vale la ecuación política = mal, derecho = bien", dice un experto

"El caso kosovar es una semilla terrible e ilegal", alertó Felipe González

La reciente declaración de independencia de Kosovo, y su rápido reconocimiento por parte de Estados Unidos y de las principales potencias europeas, pone otra vez sobre la mesa, según muchos juristas y analistas, el cadáver de la legalidad internacional atropellada por la voluntad de los Estados con músculo y que no temen las sanciones -porque son ellos mismos los únicos capaces de amenazar con una sanción-. Pero, ¿es el caso de Kosovo verdaderamente una violación? Y si así fuera: ¿es per se malo que la política actúe contra el derecho? ¿O hay casos en los que ante la impotencia del ordenamiento es moralmente legítimo violarlo? Kosovo es, por muchos aspectos, un caso de libro.

"En mi opinión, se trata del pésimo epílogo de un asunto -como el balcánico- gestionado pésimamente por las potencias occidentales", responde Giovanni Sartori, politólogo y profesor emérito de la Universidad Columbia de Nueva York. "Podemos empezar diciendo que la base legal de la independencia es, como mínimo, débil. Pero no me preocupa tanto que la política atropelle el derecho: siempre fue así. La fuerza del derecho en las relaciones internacionales es cercana a la nada. Tampoco me preocupa la falta de coherencia de los mandatarios: lo que me preocupa es la falta de inteligencia", dice Sartori, premio Príncipe de Asturias. Mientras hablaba desde Roma, en Belgrado ardía la Embajada estadounidense y se helaba la relación con Bruselas.

El día anterior, Felipe González había tomado públicamente una postura parecida: el caso kosovar es una "semilla terrible e ilegal", dijo.

Anthony Clark Arend, director del Instituto de Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown, en Washington, también considera que la independencia de Kosovo no está amparada por el derecho, al igual que otros tres expertos consultados para esta información. "No creo que en el caso kosovar se pueda justificar la secesión sobre la base del derecho de autodeterminación de los pueblos", concluye, tras una elaborada argumentación jurídica. "Incluso aceptando la idea de que son un pueblo, en su caso creo que la autodeterminación legítima es interna, sólo puede traducirse en una justa representación y cierto grado de autonomía dentro del Estado serbio".

Arend también excluye la validez para el caso del concepto "secesión necesaria". Kosovo ya no sufre violencias, y Serbia es un Estado democrático.

"Más allá de los principios", prosigue Arend, "la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU es muy clara cuando dice que la solución política a la crisis de Kosovo ha de buscarse respetando los principios de soberanía e integridad territorial. Entonces, sencillamente, me parece que en este caso los argumentos jurídicos están en segundo plano". Una vez más.

Naturalmente, puede haber opiniones jurídicas discordantes. Pero, si fuera como dicen Arend y otros, ¿sería eso malo de por sí? ¿O pueden los argumentos no-jurídicos, por ejemplo morales, autorizar a la política a ir más allá o hasta en contra del derecho?

"Política y derecho están a menudo en antítesis en la escena internacional", reflexiona Ignacio Molina, investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano de estudios estratégicos. Balcanes e Irak lo simbolizan. "Pero yo rechazo la ecuación política = mal / derecho = bien. Es demasiado plana, hace falta matizarla. El derecho internacional es, por naturaleza, un sistema limitado, imperfecto. La política puede y debe llegar adonde ese derecho no llega".

"La supremacía de la política puede causar atropellos", prosigue, "porque no tiene como fundamento necesario la justicia, pero también puede arreglar situaciones, como ocurrió en 1999 cuando la OTAN intervino en ayuda de los golpeados kosovares sin el amparo de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Estoy de acuerdo en que en Kosovo se ha actuado en contra del derecho, pero en lugar de poner el grito en el cielo creo que hay que analizar la sustancia del acto más allá de su legalidad".

Sartori recurre al más crudo realismo: "En el fondo, lo que más importa es la inteligencia del acto".

Naturalmente, a veces, los extremos del conflicto derecho y política se confunden. El mismo sistema legal que no ampara la independencia de Kosovo es un sistema muy político. El derecho internacional es un derecho de Estados soberanos. No sorprende que sea restrictivo en materia de secesiones.

Y la peligrosidad de la independencia de Pristina reside en buena medida en que Kosovo era (¿es?) una provincia de Serbia, y no una de las repúblicas federadas yugoslavas.

"Es indiscutible que, jurídicamente, Kosovo era una provincia. Pero, ¿por qué lo era? Porque los kosovares eran ciudadanos de segunda en Yugoslavia", razona Molina, del Instituto Elcano. "Por cohesión étnica, religiosa, cultural y territorial tenían probablemente tanto o más derecho a ser una república que las otras. Pero, por una vejación política, no se les otorgó el status e incluso Milosevic le arrebató la autonomía limitada que tenía Kosovo en los ochenta. Por ello, ahora, son jurídicamente un caso distinto a los demás. Yo no desprecio el valor del derecho de la antigua Yugoslavia o de la antigua URSS, pero tampoco puedo magnificarlo". La dicotomía política-derecho se esfuma.

La distancia jerárquica establecida en la ex URSS entre repúblicas y provincias también ha desembocado en un abismo, lleno de conflictos y muertes. Mientras las repúblicas se separaron en 1991 sin violencia, provincias y otras entidades territoriales se han quedado donde estaban, a veces nadando en sangre. Allí están las tensiones de Chechenia, Abjazia, Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj, Transdniéster...

Hacer excepciones a la norma puede ser a la vez ilegítimo y justo. Pero la peligrosidad de establecer precedentes siempre sugiere buscar una cobertura.

"Tanto en el caso de Kosovo como en el de Irak, las potencias políticas han intentado vestir de un aura de legalidad las evidentes violaciones cometidas", comenta Antonio Remiro, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid. "Las declaraciones de la UE del pasado lunes son jurídicamente grotescas, con sus referencias al respeto de principios en realidad violados por activa y por pasiva. Pero se nota la voluntad de abrigarse". La política desnuda es quizá una visión demasiado fuerte para los estómagos de la opinión pública. Su doble rasero, un rasgo incendiario.

"Es difícil aceptar que Kosovo pueda y, por ejemplo, el Sáhara Occidental, no, cuando éste tiene una base legal prácticamente impecable para ser independiente, mucho más sólida que la kosovar", reflexiona Molina. Difícil de aceptar: los Estados nacen o no dependiendo de quién lo quiera. El derecho, si puede, que acompañe.

Así, Namibia nació en 1990 separándose de Suráfrica. Eritrea logró su reconocimiento en 1993. Antes, en 1971, Bangladesh proclamó su independencia de Pakistán, y también acabó siendo reconocido. Taiwán en cambio queda en su limbo, como la república de Somalilandia y la de Chipre Norte.

Su futuro depende de actos políticos. Quizá, como dice Sartori, lo único que cabe esperar es que sean inteligentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de febrero de 2008