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Tribuna:

Rebajas fiscales peligrosas

En los últimos años en España se ha producido una reducción tanto del IRPF como del Impuesto de Sociedades. A esto, se añade la próxima eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio. El proceso de reducciones fiscales parece que no ha finalizado, ya que con motivo de la campaña electoral los partidos mayoritarios se han embarcado en una especie de subasta de ofertas a los contribuyentes-electores. Ante esto, quizá convenga plantearse cuál es la causa de estos recortes tributarios y, más importante, cuáles son los costes de estos recortes en términos de prestaciones públicas y equidad del sistema fiscal.

De entrada, hay que señalar que las reducciones fiscales no se pueden justificar porque los impuestos o el gasto público en España sean elevados. Los impuestos están entre los más bajos de los países avanzados de la UE e incluso varios de los nuevos miembros como Bulgaria o Hungría tienen impuestos más altos. Como reflejo de esto, España gasta mucho menos en casi todas las actividades públicas que la mayoría de los países avanzados de la UE. Además, las deficiencias son evidentes en casi todas las áreas: Sanidad (atención precaria, listas de espera, prestaciones no cubiertas), Educación (fracaso escolar elevado, resultados educativos mediocres en comparaciones internacionales, no gratuidad libros), Justicia (retrasos en la resolución de juicios), Obras Públicas, etcétera.

España ofrece menos servicios sociales que la mayoría de los países ricos de la UE

Una recesión o el envejecimiento obligarían a volver a subir los impuestos

En este contexto, se puede pensar que los recortes fiscales revelan que los niveles de gasto, aunque bajos, se consideran adecuados por la mayor parte de la población. Por ello, la sociedad ha preferido utilizar los ingresos que ha generado la buena coyuntura económica reciente en reducir los impuestos, en vez de en aumentar el gasto. Esto es dudoso, porque los recortes fiscales nunca se presentan como limitaciones al gasto, sino como estímulos económicos que permitirán mantener o aumentar el gasto. De esta forma, los recortes fiscales se convierten en ofertas electorales irrechazables: se bajan impuestos y se mantienen (o aumentan) prestaciones.

La realidad es muy distinta. Para empezar, contrariamente a lo que a veces se afirma, ni las reducciones fiscales son inevitables por la globalización ni, mucho menos, generan incentivos de tal magnitud que permiten mantener la recaudación y, por extensión, las prestaciones públicas. En cuanto a la globalización, sus implicaciones fiscales están ampliamente sobreestimadas debido, en buena medida, a la actuación de ciertos grupos de presión. Dentro de unos amplios márgenes, para la mayoría de las empresas los impuestos son un factor de segundo orden a la hora de tomar decisionesde ubicación y tienen efectos menores en su competitividad. En el caso del capital financiero, el capital de los residentes se puede gravar de forma razonable si se aplican las normativas y mecanismos de control adecuados.

El argumento lafferiano de recortes fiscales que aumentan la recaudación es una especie de leyenda urbana. Todo el mundo habla de ello, pero nadie lo ha visto (y menos probado empíricamente). Se puede pensar que la evolución reciente en España de impuestos (reducción de tipos) y recaudación (aumento, como porcentaje del PIB) es una evidencia de que es posible bajar impuestos sin merma de prestaciones públicas. Pero no es así. Los recortes de los últimos años se han producido en un contexto de crecimiento económico que por sí solo generaba aumentos de la recaudación. Lo único que han hecho los recortes es que la recaudación crezca menos de lo que lo hubiera hecho sin reducción fiscal. Pero la renta y el empleo son los mismos que habría habido sin la reducción de impuestos. Si en los ciclos expansivos, los recortes fiscales no aumentan la recaudación, lo hacen mucho menos en los ciclos recesivos. En realidad, no hay un solo país donde se hayan reducido los impuestos en época de recesión o estancamientos y haya aumentado la recaudación. No hay forma de escapar de una realidad: si se reducen los impuestos habrá menos recursos para financiar el gasto público.

Hay quien puede defender que un recorte fiscal no es malo en sí mismo. Después de todo, lo único que hace es devolver dinero a los contribuyentes en vez de usarlo con fines públicos. Esto es admisible, pero quien argumente así debe ser consciente de que, estos recortes evitan mejorar unas prestaciones públicas que, como ya se ha señalado, son bajas. Además estos no aumentos del gasto perjudican más a las rentas bajas que, por otro lado, son quienes se benefician menos de unos recortes fiscales que son regresivos.

Las reducciones fiscales tienen también implicaciones de medio plazo. Por un lado, ante cualquier estancamiento de la economía, los recortes de tipos realizados en los años de bonanza se traducirán en reducciones significativas de recaudación, lo que pondrá en peligro las prestaciones públicas. Por otro lado, los recortes fiscales actuales, evitan que se tomen hoy medidas necesarias para preparar el envejecimiento de la población (dotar adecuadamente un fondo de reserva, avanzar en la construcción de residencias, etcétera). Más aún, cuando el gasto aumente, el sistema fiscal será incapaz de producir los recursos necesarios.

Se puede argumentar que esto da igual, ya que cuando sean necesarios más ingresos se aumentarán los impuestos. Sin embargo, hay varios problemas. Primero, políticamente es mucho más sencillo bajar los impuestos que subirlos, con lo que es poco probable que, cuando sea necesario, los impuestos aumenten tan rápidamente como lo exigirán las necesidades de gasto. Más aún, si es en época de recesión los aumentos fiscales pueden agravarla. Segundo, es difícil que se vuelva a refiscalizar las rentas del capital, con lo que los nuevos impuestos recaerán sobre los trabajadores o sobre el consumo. En ambos casos se resentirá la equidad del sistema.

En suma, los recortes fiscales actuales han reducido la equidad del sistema fiscal y han impedido mejorar unas prestaciones públicas que adolecen de bastantes limitaciones y dotarse de gastos necesarios para afrontar el envejecimiento de la población. Además, cualquier recesión y el mismo envejecimiento obligarán a unos aumentos de impuestos que, por su coste político, pueden no realizarse.

Ignacio Zubiri es catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de enero de 2008