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Mijas notifica multas de 120.000 euros y el derribo de 300 viviendas

Los afectados se organizan para conseguir la regularización de sus casas

Juana Viúdez

Como caracoles en un día de lluvia, así han ido surgiendo en Mijas (Málaga) los propietarios de viviendas ilegales cuando el Ayuntamiento de esta localidad limítrofe con Marbella ha comenzado a notificar sanciones de hasta 120.000 euros y la necesidad de demoler estas construcciones.

Hasta el momento se han contabilizado al menos 3.000 construcciones con irregularidades, la mayoría diseminados. Entre ellos hay unos 300 decretos firmes de demolición con orden de ejecución por incumplimientos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Según fuentes consultadas, la mayoría son viviendas de autoconstrucción levantadas en terrenos rústicos.

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La desesperación y la imposibilidad de afrontar sanciones que van de los 90.000 a los 120.000 euros ha llevado a los vecinos afectados, muchos de economía modesta, a agruparse en la Asociación por la regularización de viviendas Mijas. El colectivo reclamará hoy en la puerta del Consistorio mijeño que no se derriben sus domicilios.

La protesta se ha convocado a las 9.00, poco antes de un pleno ordinario en el que el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), presentará una moción especial para tratar de evitar los derribos. Sánchez asegura que se buscarán "todas las vías legales" pero también deja claro que sus propietarios tendrán que asumir las infracciones correspondientes.

Desde el Ayuntamieto mijeno inciden en que algunas viviendas no podrán acogerse a esta normalización. "Hay casos insalvables", reconocen. En esta tipología se incluyen viviendas levantadas en zonas de dominio público o la construcción en espacios rústicos con algún tipo de protección.

La oposición, PP, culpa a los anteriores equipos de gobierno socialistas de esta situación y reclama al alcalde que depure responsabilidades. "Al PSOE le ha salido muy rentable en cuestión de votos porque los afectados se sienten en deuda por permitirles construir y les siguen votando por miedo a que se descubra", explica la edil del PP, Lidia Conde. La concejal incide en que en 10 años no se han construido viviendas protegidas.

Vista aérea de Mijas.
Vista aérea de Mijas.JULIÁN ROJAS

"La ruina de cientos de familias"

Trataban de conseguir una casa mejor de lo que les ofrecía el mercado y ahora están con el agua al cuello. Al menos 300 familias de Mijas tienen problemas para conciliar el sueño desde que el Ayuntamiento les notificó una multa millonaria por haber construido en zona rústica y la orden de derribo.

Los afectados, en su mayoría familias modestas que aprovecharon terrenos heredados de padres o abuelos para aspirar a algo más que un piso de 60 metros por 240.000 euros, lamentan ahora haber hecho oído sordos a las advertencias. "Pensaba que pagando una multa se arreglaba, pues no, han esperado a que la termine, dé el alta y pague la contribución, basura, agua, luz y viva con mi mujer y mi hija para ponerme una multa que no puedo pagar y encima me digan que la tengo que derribar", explica el propietario de una vivienda diseminada de 100 metros cuadrados de Mijas que ve como su economía familiar se tambalea por su imprudencia. "Esto es mi ruina para toda la vida, ¿creéis que si llego a saber esto lo hubiese hecho? Seguiría viviendo en casa de mis suegros", zanja en uno de los foros de Internet en el que los afectados comentan los avances de la recién constituida Asociación para la regularización de viviendas en Mijas.

El letrado encargado de asesorar a los afectados augura "la ruina personal y económica de cientos de familias" si el Ayuntamiento sigue adelante con sanciones que llegan a los 120.000 euros.

El abogado, que prefiere mantenerse en el anonimato, mantiene que muchos de los propietarios trataron de sacar la licencia de obra, pero se la denegaron y decidieron seguir adelante. "Saben que están fuera de ordenación, pero quieren una solución menos drástica", expone.

Después de todo, lo que más irrita es que las sanciones no se hayan dispuesto de forma homogénea. "Hay viviendas que tienen expediente pero las de al lado no, y eso crea agravios comparativos", mantiene.

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Sobre la firma

Juana Viúdez
Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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