Las ayudas de la Ley de Dependencia llegan con retraso

El Departamento de Acción Social y Ciudadanía lo dijo desde el principio. La aplicación de la Ley de la Dependencia no iba a resultar fácil. Y así está siendo, en Cataluña y en otras comunidades autónomas. Sólo unos 800 catalanes de los cerca de 10.000 que fueron evaluados como discapacitados de grado III en los meses de mayo y junio han cobrado las ayudas que marca la ley. El resto sufre un retraso de unos 20 días de promedio. El compromiso que marca la ley es que las ayudas deben llegar en un plazo máximo de tres meses tras recibir la evaluación.

Las personas de grado III son las que necesitan un apoyo y ayuda continuada de otra para realizar sus tareas cotidianas, como comer o vestirse.

Para acabar con las listas de espera y acelerar la elaboración de los programas que determinan qué servicio necesita cada persona, el Departamento de Acción Social ha aprobado un plan de apoyo que prevé contratar a más de un centenar de trabajadores sociales. El plan, con un presupuesto añadido de tres millones de euros, quiere reforzar el personal de ayuntamientos y consejos comarcales, encargados de elaborar los programas individuales.

"Esperamos que en tres o cuatro meses hayamos limpiado las listas de espera y nos pongamos dentro de los plazos que prescribe la propia ley", subrayó ayer la consejera Carme Capdevila.

Las primeras quejas por los retrasos ya han llegado oficialmente. Un centenar de personas han presentado reclamación y casi 200 no están de acuerdo con la evaluación realizada.

La ayuda económica para el cuidador no profesional es la más solicitada hasta el momento. Esta persona cobrará cerca de 500 euros. La mayoría de estos cuidadores que se encargan de sus familiares tienen entre 45 y 50 años y estudios primarios.

Acción Social informó ayer de que desde el 1 de enero las personas de grado II ya pueden presentar la solicitud de ayuda. De las más de 34.000 evaluaciones realizadas hasta el momento, 26.561 corresponden a grandes dependientes (grado III), 4.446 a personas reconocidas como de grado II y 1.466 a dependientes de grado I.

La mayor parte de las evaluaciones se han hecho en las comarcas de Barcelona (14.232), seguidas de Barcelona ciudad (5.916), Girona (3.296), Lleida (2.446) y las Tierras del Ebro (1.322). La consejería prevé que más de 50.000 catalanes con dependencia de grado III y II estén a finales de este año bajo la protección del sistema de atención a la dependencia.