El fin de las reformas autonómicas

En la edición de ayer, EL PAÍS ofrecía una entrevista a José Blanco, secretario de organización del PSOE, en la cual anunciaba que su partido daba por cerrado el desarrollo del Estado de las autonomías con las reformas de los estatutos que se han producido en esta legislatura. Como suele ocurrir con muchas declaraciones políticas a las puertas de unas elecciones, es más que probable que el paso del tiempo ponga estas manifestaciones de Pepiño Blanco entre aquellas que demuestran que no hay afirmaciones políticas tan contundentes que resistan el paso de los años.

Blanco confunde voluntades con posibles realidades. Pretender condicionar lo que en un futuro pueda ser el Estado de las autonomías con esa afirmación tan taxativa, al margen de ser una sentencia gratuita, es impropio de una persona con sus responsabilidades políticas. El Estado de las autonomías será lo que políticamente se plantee en cada momento, no lo que ahora el secretario de organización del PSOE sentencie. De la misma manera que en los años noventa nadie imaginaba un proceso de reforma generalizada de estatutos como el que se acaba de producir, nadie puede predecir ni condicionar lo que ocurrirá en el 2020, ni siquiera Pepe Blanco.

La lógica de la mejora democrática lleva asociada la aceptación del derecho a decidir

Pretender que el trayecto autonómico ha llegado a su fin es tanto como afirmar que el único escenario para obtener más autogobierno ya no se puede producir en el contexto de la España autonómica diseñada en la Constitución de 1978. De lo que Blanco dice se desprende, incluso, que no hay reforma constitucional posible. Pues bien, si ese es el sentir de la mayoría de la clase política española (y nadie debería dudarlo si nos fijamos en el tono y el contenido de los dirigentes socialistas y populares que José Blanco tan bien a reproducido) hay que empezar a imaginar un escenario de conflictividad no muy lejano. Cuando en algunas comunidades se impulse una nueva reforma estatutaria o simplemente se ponga encima de la mesa la necesidad de una reforma constitucional para avanzar hacia un modelo federal, habrá que recordar a todos los Blancos de la política española y ver qué soluciones aportan.

Las declaraciones de Blanco tienen además otro flanco muy peligroso. Indirectamente, desmienten la idea que con el juego democrático como escenario político se podría ir tan lejos en la configuración nacional y de autogobierno de Euskadi o Cataluña, por citar dos ejemplos, como la voluntad popular, a través de las mayorías de cada momento, decidiese. La afirmación de Blanco refuerza a quienes niegan que con las instituciones democráticas y el ordenamiento jurídico vigente se pueda avanzar, por ejemplo, hacia un Estado plurinacional donde algunas comunidades puedan consolidar significativamente más aún sus instituciones de autogobierno y donde las instituciones centrales del Estado español respondan a una realidad plural que ahora no incorporan.

La afirmación de que el proceso de descentralización y de autonomía ya está cerrada, niega de raíz cualquier espíritu federal para el Estado español. Y si el federalismo ya no es una respuesta posible, habrá que aceptar que el soberanismo crezca como solución a un modelo de Estado que se ha bloqueado por voluntad de sus dirigentes. Es posible que el PSOE crea necesitar afirmaciones como las de Blanco para contentar a una parroquia electoral que el PP le puede disputar. Pero no es menos cierto que hacer creer que cualquier aspiración de vascos y catalanes es ilegítima, desestabilizadora y que no cabe en nuestro ordenamiento, es una irresponsabilidad. Y digo vascos y catalanes porque 30 años después del inicio de la transición volvemos a estar en el origen de lo que fue el Estado autonómico: dos comunidades que plantean unos escenarios de reconocimiento y otras que se suman -legítimamente, eso sí- a esos planteamientos.

Supongo que ni en el PP ni en el PSOE nadie duda que llegarán nuevas demandas para profundizar el Estado autonómico, como mínimo aquellas que planteen una reforma de la Constitución para permitir avanzar hacia un Estado federal. Y cuando lleguen, probablemente lo harán apoyadas por los parlamentos autonómicos correspondientes. Es evidente que los mecanismos de reforma constitucional exigen mayorías reformadas, pero eso no evita que un rechazo de cualquier propuesta de reforma constitucional para avanzar hacia un Estado federal, genere un conflicto político de primera magnitud.

Avanzamos, si nadie hace algo para evitarlo, hacia una colisión de legitimidades, la que pueda emanar de una mayoría amplia y representada en el Parlamento catalán o vasco, y una mayoría representada en el Parlamento español. Si en las formaciones democráticas españolas la única respuesta es la negación, el conflicto está servido. Muchos ciudadanos que no son en origen independentistas ni en Cataluña ni en Euskadi, pueden adoptar esas posiciones por inviabilidad de las otras. No creo que esa posibilidad sea una mala noticia para los intereses de Cataluña o Euskadi, pero sí es con seguridad un nuevo escenario para la vida política española que debe ser tenido seriamente en consideración.

La idea del derecho a decidir no se puede menospreciar tan facilmente. La lógica de la mejora y el fortalecimiento democrático que las democracias europeas necesitan plantear para su supervivencia, lleva asociada la aceptación del derecho a decidir si éste se plantea por canales democráticos. El derecho a decidir no es una moda. No proyectar el presente político en España sin esa idea es plantear escenarios poco realistas. En esta lógica es donde se puede afirmar que las declaraciones de Blanco, al margen de electoralistas, son muy poco realistas.

Jspicanyol@hotmail.com