Evo Morales cede y acepta negociar la nueva Carta Magna con la oposición

No es aún la paz, pero la tensión extrema parece cosa del pasado: los bolivianos acogieron con satisfacción y un respiro de alivio el diálogo entre el presidente, Evo Morales, y los gobernadores de las nueve provincias. El presidente aceptó revisar el texto de la nueva Constitución, aprobada sólo con los votos de su partido y con el rechazo furibundo de la oposición, que denunció que todo el proceso estuvo marcado por las irregularidades.

Los ciudadanos coincidieron con líderes políticos, sindicales y con los empresarios en elogiar la disposición al diálogo, en las muchas encuestas realizadas este martes, un par de horas después de concluida la primera fase de la reunión -que se reanudará el próximo lunes-. Hace pocas semanas parecía que el país se precipitaba por el abismo de la violencia. Las diferencias se mantienen, pero al menos se ha recuperado el diálogo.

Morales y los gobernadores de todas las provincias (nueve) se reunieron durante casi diez horas en la Casa de Gobierno y ante las cámaras de televisión, que reflejaron un diálogo conciliador y de sorprendente apertura tras tantas amenazas cruzadas.

La agenda propuesta para debatir los aspectos más polémicos -la nueva distribución del impuesto directo a los hidrocarburos, el texto constitucional y los estatutos autonómicos- se amplió a otros puntos relativos a la unidad del país, el papel del Estado en la economía, el proceso de cambio dentro de la legalidad y una ley de respeto a la propiedad pública y privada, entre otras.

El primer resultado ha sido comprobar que tanto la unidad de Bolivia como la democracia no están en riesgo, al menos aparentemente: todos los presentes -Morales; su vicepresidente, Álvaro García Linera; varios ministros, y los nueve gobernadores- redoblaron su compromiso con la unidad del país. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, propuso incluso un ejemplar castigo para quienes promuevan la ruptura de Bolivia para dejar en claro que no es ése el propósito de Santa Cruz, el feudo de la oposición.

Morales aceptó revisar el texto constitucional, que fue aprobado por su partido en la Asamblea Constituyente en sesiones boicoteadas por la oposición. Los gobernadores críticos consideran que todo el proceso está plagado de irregularidades.

Comisiones técnicas del Ejecutivo y de los gobernadores revisarán los próximos días de esta semana el texto constitucional y los efectos de la nueva distribución de los impuestos petroleros que, según los gobernadores, han diezmado sus presupuestos y los han dejado en la mínima expresión, sin capacidad de inversión.

El gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, exhibió cifras para mostrar al presidente Morales que de un presupuesto de 211 millones de bolivianos, la reducción del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) le ha dejado con apenas 10 millones para la gestión. Similar situación afronta el departamento de La Paz, con un saldo negativo tres millones de su presupuesto.

El gobernador de la provincia de la capital, José Luis Paredes, aseguró que La Paz es "la cenicienta de Bolivia", y lamentó que Morales no hubiese hecho "nada" por esta región, "que con sus votos le ha llevado a la presidencia". Morales optó por no volver a darle la palabra, al menos mientras estuvieron las cámaras de televisión.

"Creo que la imagen de tolerancia y diálogo reflejada por el presidente Morales y el papel conciliador de los prefectos han llevado a una primera conclusión: ha legitimado lo hecho por el Gobierno hasta ahora, pero además se ha recuperado la gobernabilidad y los conflictos han comenzado a desaparecer", declaró el analista político Carlos Cordero en un balance preliminar de la situación.

Las comisiones técnicas tienen previsto elevar sus conclusiones antes del lunes próximo, cuando se ha convocado una segunda entrevista entre Morales y los gobernadores.