Los márgenes en el enredo autonómico

Las comunidades autónomas recaudan en exclusiva el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de actos jurídicos documentados, el 33% del IRPF y, además, aunque sobre ellos no tienen capacidad normativa, participan en la recaudación del IVA (35%), de los impuestos especiales de fabricación (40%), del impuesto especial sobre la electricidad (100%), al margen de percibir toda una batería de tasas, recargos, tributos sobre el juego, sobre los medios de transporte...

A lo largo de los últimos años han legislado "todo lo que han podido" respecto a todos y cada uno de ellos. El resultado es que las diferencias entre unas y otras se han ido agrandando hasta llegar a un nivel que hace menos dolorosa, al menos fiscalmente hablando, la pérdida de un familiar directo en Castilla y León, Murcia o Cantabria que en Extremadura o Andalucía; que se pague por el teóricamente mismo IRPF cantidades distintas según se viva en Valencia o Madrid que en Asturias, Aragón o Baleares; que no sea lo mismo tener un abultado patrimonio en Cantabria o Galicia que en Castilla-La Mancha o en la Rioja; que resulte más caro vender un inmueble en Madrid, Aragón o Andalucía que hacerlo en Baleares o Castilla y León, o que donarle una casa a un hijo sea igual de caro en todas las autonomías, salvo en La Rioja, Baleares, Castilla y León, Madrid y Valencia... (véanse los cuadros).

Los ayuntamientos tambien entran en juego. El de Salamanca ha subido un 16% el IBI; también la tasa de basuras, las plusvalías y el agua

La maraña normativa es tan grande que, entre otros, a juicio de la CEOE, "esta diversidad de regímenes tributarios podría obstaculizar la unidad de mercado, por lo que deben ser adoptadas disposiciones armonizadoras que eviten ventajas competitivas indeseables en función del territorio, sin perjuicio del concepto de corresponsabilidad fiscal". En su línea habitual, la patronal demanda una reducción general de los tipos impositivos y de la progresividad del IRPF, la eliminación de los impuestos sobre el patrimonio y también la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones, además del desarrollo de incentivos al ahorro a medio y largo plazo.

Recaudación inmobiliaria

Tal deseo tiene, sin embargo, y en opinión de los técnicos, pocos visos de convertirse en realidad. "No hay que olvidar", explican, "dos importantes temas. Primero: que una parte importante de la recaudación de las comunidades autónomas está vinculada a los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuestos indirectos, donde casi todas ellas, excepto los territorios forales, han aprobado subidas en los últimos años, lo que ha generado un aumento de la recaudación de la mano del boom inmobiliario. Segundo: que no a todas la posible y vaticinada reducción de la actividad inmobiliaria y empresarial les afectará por igual".

Mientras a unas, una reducción más drástica incluso de lo que ellas mismas tienen previsto en sus presupuestos para 2008 en relación a estos impuestos les puede llevar a aprobar subidas en otros tributos o tasas que se vean menos, otras pueden acometer nuevas rebajas más llamativas que les coloquen en mejor posición de salida en su nueva cita electoral. Los ayuntamientos tampoco se van a librar de entrar en este juego. Como muestra del primer caso, el del Ayuntamiento de Salamanca, que acaba de aprobar un aumento del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que se incrementa 45 euros de media (un 16%); otro en la tasa de recogida de basuras, en la de depuración de aguas y en las plusvalías.