Los impuestos entran en el juego electoral

Tiempo de elecciones. Tiempo de promesas de todo tipo. Las fiscales, en primera línea de fuego. ¿Quién da más? Partidos políticos, con el PSOE y el PP a la cabeza, comunidades autónomas a través de sus respectivos Presupuestos Generales e incluso ayuntamientos ponen en juego (en venta) casi todos los impuestos. Anuncian supresiones, rebajas, mejora de incentivos... ¿Cuántas de estas promesas se concretarán en el futuro? Es más, la reducción de unos tributos ¿se compensará con el aumento de otros menos visibles? Difíciles respuestas, reconocen casi todos los implicados.

"No sólo depende de quién gobierne a partir de marzo sino también de la marcha de la economía", dicen. "No es un secreto que ésta no es ya tan boyante y que gran parte de los ingresos del Estado, de las propias comunidades autónomas y de los ayuntamientos dependen de ella. De algún sitio tendrán que salir los ingresos que compensen estas posibles reducciones legales, y más aún las que lleguen de la mano, por ejemplo, de la menor actividad inmobiliaria; la compraventa de inmuebles o solares, la constitución, cancelación o modificación de hipotecas... llevan asociado algún tributo empresarial".

Las deducciones autonómicas, a pesar de su incremento anual, no llegan ni al 0,5% de la cuota íntegra. Su incidencia es insignificante

Partidos de izquierda, sindicatos y técnicos de Hacienda califican de "irresponsabilidad" la supresión del impuesto de patrimonio

A principios del mes de diciembre, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció su intención, en el caso de que el PSOE volviera a ganar las elecciones generales, de suprimir el impuesto de patrimonio. Mientras el PP, en boca de su líder, Mariano Rajoy, aplaudió la medida y se encargó de recordar que ellos ya lo habían propuesto antes. Desde partidos como CiU o Izquierda Unida, los sindicatos UGT y CC OO e incluso desde el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se criticó duramente con adjetivos tales como "escándalo", "derechazo", "irresponsabilidad", "electoralista", "beneficio para ricos", "una apuesta por la pérdida de la transparencia...".

La realidad es que el impuesto de patrimonio está cedido a las comunidades autónomas que en 2006 recaudaron gracias a él más de 1.270 millones de euros y que, en 2007, esta cifra podría acercarse a los 1.400 millones de euros.

Como dicen muchos de los presidentes autonómicos, "de alguna manera se nos tendrá que compensar si efectivamente su eliminación sale adelante". Y casi seguro que lo hará, teniendo en cuenta que los dos principales partidos políticos están dispuestos a llevarla a cabo. "La mayor reforma fiscal de la democracia".

Así es, como en su propia página web el Partido Popular define sus propuestas tributarias con vistas a las próximas elecciones.

Sin margen de maniobra

Escriben: "Aprobaremos un nuevo IRPF que reducirá la tributación del conjunto de los contribuyentes y eliminará el impuesto para más de siete millones, entre otros a aquéllos con ingresos de hasta 16.000 euros. Se establecerá una rebaja adicional del impuesto para las mujeres trabajadoras". "Reduciremos el impuesto sobre sociedades" y "propondremos la eliminación del impuesto sobre el patrimonio".

Sin más explicaciones ni concreciones. Les han llovido las críticas pero algunas "con la boca pequeña", porque saben que tienen cierto gancho electoral.

Desde el Partido Socialista se ha afirmado que según cómo se instrumentase esta rebaja, le podría costar al Estado y a las comunidades autónomas entre 5.000 y 25.000 millones de euros, lo que es "sencillamente inasumible", "pan para hoy y hambre para mañana", "una cirugía radical en la estructura del Estado...". Pero, a la vez, se ha dejado caer que "no se descartan nuevas rebajas de impuestos si hay margen de maniobra para ello, habrá mejoras fiscales aunque con sensatez y equilibrio, dentro del realismo económico aún podrá reducirse algo más el impuesto de sociedades".

Para Izquierda Unida este anuncio del PP sobre la rebaja del IRPF no es más que una "trampa para incautos"; para CiU, ERC y BNG no va más allá de una "propuesta demagógica", sin concretar que no explica entre otras cosas "sobre quién recaerá el recorte de ingresos".

El impuesto de sucesiones y donaciones es otra de las bazas electorales a las que más se recurre. Heredar gratis cuando el sucesor es cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptado o adoptante en Cantabria, La Rioja, en Baleares, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y en los territorios forales es ya una realidad que afecta incluso a más territorios si los descendientes son menores de 21 años.

En este terreno, mientras desde el PP se aboga por su práctica desaparición, desde el PSOE, en palabras del vicepresidente económico, Pedro Solbes, se apuesta por su "armonización para no dar ventajas fiscales a unas comunidades respecto a otras". Las cifras oficiales dicen que, gracias a este tributo, las comunidades autónomas recaudan anualmente cerca de 2.000 millones de euros, prácticamente el doble que por el de patrimonio, por lo que su posible eliminación "por decreto" parece más complicada, muy especialmente con vistas a la posible compensación que exigirían las comunidades autónomas que aún lo mantienen en vigor.

Poca trasparencia

En este "juego" electoral también participan las propias comunidades autónomas a través de sus Presupuestos Generales. La realidad es que, pese a la abundancia de sus anuncios, el peso real de sus propuestas es escaso, al menos en lo relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Según el último informe del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) sobre el panorama de la fiscalidad autonómica, "llama poderosamente la atención, a pesar del despliegue normativo realizado en el IRPF, que las deducciones autonómicas, a pesar del incremento anual que tienen, no lleguen ni al 0,5% de la cuota íntegra autonómica, por lo que su incidencia real es insignificante".

Se establece una amplia panoplia de deducciones, sobre todo familiares, en general de escasa significación y cuantía y de difícil utilización por varios motivos. Suelen ser sólo para colectivos determinados. Los requisitos que se imponen, en muchos casos, a las rentas que podríamos calificar como medias y altas no pueden disfrutar de ellas por los límites que les imponen. Y las rentas bajas no tienen cuota suficiente para aplicárselas o no presentan declaración.

Es decir, se utilizan muy poco los mecanismos de más potencia y que son más transparentes, como la tarifa y el tramo autonómico de la deducción por adquisición de vivienda.