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Una ley de plazos cubriría el 90% de los abortos que se realizan

El PSOE ha rechazado incluir la normativa en el programa electoral

Los datos de los abortos realizados en España en 2006 (101.592, un 10% más que el año anterior) han reabierto el debate sobre la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. De las tres posibilidades que ofrece la actual legislación (daño físico o psíquico para la madre, malformación fetal o que el feto sea resultado de una violación), es la primera la que más se ha utilizado: lo ha sido en 98.523 ocasiones (el 97% de las veces).

Con el cuarto supuesto la mujer se evitaría dar explicaciones

Este empleo supone para los autodenominados grupos pro-vida (movimientos antiabortistas conservadores) una clara muestra de que se está cometiendo un fraude. Y refuerza su convencimiento de que, si se incluyera el llamado cuarto supuesto o ley de plazos (que las mujeres pudieran interrumpir el embarazo sin aducir ningún motivo antes de una fecha determinada), el número de interrupciones se dispararía aún más.

Pero un análisis de los datos realizado por este periódico demuestra que esto no es así. Si se toma como plazo máximo para abortar sin más requisito las 14 semanas de gestación -fue lo que propuso IU el pasado 14 de diciembre en el Congreso de los Diputados, en una proposición a la que se opusieron tanto el PSOE como el PP-, quedarían cubiertos por el llamado cuarto supuesto unos 92.500 embarazos, más del 90% del total.

Esto no querría decir que el resto de las interrupciones del embarazo no se realizarían. La ley de plazos no puede evitar los otros supuestos. Actualmente, el plazo que tiene una mujer para abortar si su salud corre peligro no tiene límite. Si existe riesgo para el feto, es de 22 semanas. Solamente se evitaría que la mujer tuviera que dar explicaciones en el caso de una violación.

Entonces, ¿por qué ese interés de las feministas y de IU en aprobar una ley de plazos? El objetivo principal es precisamente ése: que la mujer, que se supone que ya está pasando por un mal trago al pensar que está embarazada sin quererlo, tenga que pasar por la burocracia de estar dando explicaciones. Es el famoso lema de "nosotras parimos, nosotras decidimos" que gritaban las feministas en las manifestaciones previas a la regulación del aborto.

En el caso de una violación, se supone que hay una denuncia previa que le facilita el trámite. Pero la regulación española del aborto de 1985 es muy garantista en el caso de que aduzca que va a sufrir un gran daño físico y, sobre todo, si el peligro al que apela es de tipo psíquico.

En este caso, necesita que dos especialistas confirmen el futuro daño. Ello sólo acumula trámites y alarga el proceso, y, con ello, el sufrimiento. Además, se abre la puerta a casos como el de las clínicas abortistas del doctor Morín en Barcelona. Uno de los motivos por los que se le ha detenido es porque en sus establecimientos había hojas de diagnóstico en blanco ya firmadas por los psiquiatras para que se rellenaran a voluntad del médico.

En contra de quienes defienden el cuarto supuesto o ley de plazos están quienes afirman, con el PSOE a la cabeza, que con la ley actual no hay ninguna mujer que se quede sin abortar si lo desea, y que no hay una demanda social de que la regulación se modifique.

Ésta, tras unos inicios más complicados, se ha estabilizado. En los últimos años (de 1998 a 2006) sólo 30 personas han sido condenadas por un delito de aborto ilegal. De ellas, 17 eran hombres, 11 mujeres y hay otras dos sentencias en las que no consta el sexo del inculpado, según la relación que mantiene el Instituto Nacional de Estadística.

De nuevo, este dato se presta a una doble interpretación: por un lado sería todo más fácil con una ampliación de la ley; por otro, ésta no está dando apenas problemas -salvo escándalos como el del año pasado en Barcelona- por lo que no hace falta modificarla.

En las próximas elecciones el tema no estará en el centro de los debates. De los partidos mayores, sólo IU insiste en incluir la modificación de la regulación. PP, CiU y PNV siempre se han opuesto. El PSOE, que en las anteriores elecciones llevaba en su programa electoral la despenalización de la ley de plazos, ha anunciado que no incluirá esta propuesta en el documento que prepare para el 9 de marzo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de enero de 2008