El debate sobre el aborto

40 mujeres declaran como imputadas por abortar de forma ilegal

Detenidos siete médicos por prestar su firma a las clínicas de Morín

Tras el aborto, el interrogatorio y el fantasma del delito. Alrededor de 40 mujeres han prestado ya declaración ante la Guardia Civil en relación con la supuesta trama de abortos ilegales controlada por el doctor Carlos Morín en Barcelona. Y lo han hecho en calidad de imputadas por someterse, supuestamente, a abortos fuera de los supuestos permitidos por la ley. El Código Penal prevé penas de prisión de seis meses a un año, lo que implica que sin antecedentes no tendrían que llegar a la cárcel.

"Se está llamando a declarar a mujeres que abortaron hace cinco años. Es una campaña orquestada", protestó ayer Isabel Iserte, vicepresidenta de la Federación de Planificación Familiar. "Están pasando por un calvario innecesario", añadió Carme Català, de la Red de Mujeres por la Salud. Lo cierto es que su testimonio ha sido clave para las investigaciones de la Guardia Civil, que ayer dieron un nuevo giro con la detención de siete médicos vinculados a la red de Morín. Los profesionales están acusados de falsificar informes para dar apariencia legal a interrupciones del embarazo supuestamente ilegales.

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A cambio del cobro de una comisión, los profesionales prestaban su firma a ciegas: sin ni siquiera visitar a las embarazadas, firmaban un papel en blanco que después se redactaba a medida para avalar, por ejemplo, que tener un hijo supondría un grave riesgo para la salud psíquica de la mujer.

De esa tarea se encargaban, presuntamente, dos de los detenidos, que son psiquiatras. Entre ellos está Pascual Javier R. M., que trabaja a tiempo parcial en la cárcel barcelonesa de Can Brians contratado por un consorcio hospitalario. La consejera de Justicia, Montserrat Tura, anunció ayer que se le ha abierto un expediente y se le ha apartado de sus funciones.

Nada se sabe, sin embargo, del destino profesional de los dos anestesistas que también fueron detenidos ayer en plena calle. Ambos trabajan en el hospital público de Sant Pau, según fuentes de la investigación. El Departamento de Salud del Gobierno catalán dijo no saber nada, y ni siquiera conoce las identidades de los facultativos.

La lista de los arrestados en esta segunda fase de la operación -el cirujano Carlos Morín y dos estrechos colaboradores se hallan en prisión provisional- la completan tres ginecólogos. Uno de ellos es Tomás Parra Parra, antiguo trabajador de Morín que, además, es vocal de la sección de ginecología del Colegio de Médicos de Barcelona.

A raíz de un reportaje de la televisión danesa, en la que se denunciaban abortos de mujeres en avanzado estado de gestación, el Colegio abrió diligencias internas. El informe final concluyó que no se pudo detectar ninguna irregularidad. Los agentes sospechan que Parra y otros ginecólogos influyeron para "cerrar en falso" la investigación. Un extremo que ayer negó "con toda rotundidad" el secretario de la institución médica, Jaume Padrós.

Los detenidos están acusados de aborto ilegal, asociación ilícita, falsificación documental e intrusismo. Las clínicas de Morín permanecieron ayer cerradas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 17 de diciembre de 2007.

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