40 mujeres declaran como imputadas por los supuestos abortos ilegales

Tras el aborto, el interrogatorio y el fantasma del delito. Alrededor de 40 mujeres han prestado ya declaración ante la Guardia Civil en relación con la trama de abortos ilegales controlada por el doctor Carlos Morín en Barcelona. Y lo han hecho en calidad de imputadas por someterse, presuntamente, a abortos fuera de los supuestos permitidos por la ley, una práctica que el Código Penal castiga con multa y penas de prisión de entre seis meses y un año. Es harto improbable, sin embargo, que alguna de ellas acabe en la cárcel, señalan los expertos.

Los psiquiatras falseaban informes para dar cobertura legal a los abortos

Un ginecólogo arrestado es vocal de una sección del Colegio de Médicos

"Se está llamando a declarar a mujeres que abortaron hace cinco años. Es una campaña orquestada de acoso y derribo", protestó ayer Isabel Iserte, vicepresidenta de la Federación de Planificación Familiar. "Difícilmente acabarán en prisión, pero están pasando un calvario innecesario", añadió Carme Català, de la Red de Mujeres por la Salud. Otro colectivo feminista, Ca la Dona, ha recibido llamadas de algunas imputadas que buscan asesoramiento.

Lo cierto es que el testimonio de las mujeres ha sido clave para las investigaciones que está realizando la Guardia Civil por orden del juzgado número 33 de Barcelona, que se ocupa del caso a raíz de una querella de la entidad católica E-Cristians. La trama dio ayer un nuevo giro con la detención de siete médicos vinculados a Morín. Los profesionales están acusados de falsificar informes para dar apariencia legal a interrupciones del embarazo ilegales.

A cambio del cobro de una comisión, los facultativos prestaban su nombre y apellidos a ciegas: sin ni siquiera visitar a las embarazadas, firmaban un papel en blanco que después se redactaba a medida para avalar, por ejemplo, que tener un hijo supondría un grave riesgo para la salud psíquica de la mujer. Los informes parecen fabricados "en serie", según los investigadores, y a menudo apuntan a la opción más extrema. Por ejemplo, que proseguir con el embarazo podría llevar a la madre a pensar en el suicidio.

De las falsificaciones se encargaban, presuntamente, dos de los detenidos, psiquiatras. Uno de ellos es Pascual Javier R. M., que trabaja a tiempo parcial en la cárcel barcelonesa de Can Brians contratado por un consorcio hospitalario. O trabajaba. Porque ayer, la consejera de Justicia, Montserrat Tura, anunció que se le ha apartado de sus funciones de forma cautelar.

Nada se sabe, sin embargo, del destino profesional de los dos anestesistas que también fueron detenidos ayer en plena calle. Ambos trabajan en el hospital público de Sant Pau, según fuentes de la investigación. El Departamento de Salud de la Generalitat dijo no saber nada, y ni siquiera conoce las identidades de los facultativos.

La lista de arrestados en esta segunda fase de la operación -el cirujano Carlos Morín y dos estrechos colaboradores se hallan en prisión provisional- la completan tres ginecólogos. Uno de ellos es Tomás Parra Parra, antiguo trabajador de Morín que, además, es vocal de la sección de ginecología del Colegio de Médicos de Barcelona.

A raíz de un reportaje con cámara oculta de la televisión pública danesa, en el que se denunciaban abortos a mujeres en avanzado estado de gestación, el Colegio abrió diligencias internas. El informe final concluyó que no se pudo detectar ninguna irregularidad ni vulneración del código deontológico. Los agentes sospechan, sin embargo, que Parra y otros ginecólogos influyeron de forma decisiva para "cerrar en falso" la investigación. Un extremo que ayer negó "con toda rotundidad" el secretario de la institución médica, Jaume Padrós.

Los detenidos están acusados de los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, falsificación documental e intrusismo profesional. Los siete (seis hombres y una mujer) se encuentran en los calabozos de la Guardia Civil, que agotará el plazo de detención de 72 horas antes de ponerlos a disposición judicial.

Mientras, las clínicas de Morín en Barcelona permanecieron ayer cerradas. En la pared, un cartel indicaba un número de teléfono "de urgencia" que, erróneamente, corresponde a una oficina de una conocida agencia de viajes. A ese número llamaron ayer, según los empleados, gran número de mujeres.