Filigranas nacionales

A veces no veo diferencia alguna entre el Gobierno vasco y la Conferencia Episcopal. Esta última se permite juzgar decisiones y acontecimientos políticos desde su atalaya religiosa -y no exclusivamente moral-, juicios que después podrán ser aprovechados por las distintas formaciones políticas dada la influencia que ejercen sobre los fieles-votantes. Las probables derivaciones políticas de esos juicios no son de la incumbencia de la Iglesia, que siempre antepondrá la rectitud de sus principios a cualquier tipo de consecuencias indeseables, achacables en todo caso a quienes no son capaces de atenerse a aquellos. Pues bien, una actitud similar es la que observo en el Gobierno vasco -que a diferencia de la Iglesia sí desempeña tareas de gobierno- en su propensión a emplazarse como juez moral dispuesto en todo momento a valorar conductas ajenas. El corpus doctrinal del que se ha erigido en sacerdote no es otro que el de los Derechos Humanos, cínico sacerdocio de una institución, y de un lehendakari, que consintió que toda su oposición tuviera que ir escoltada mientras se sentaba alegremente no ya en el Parlamento, sino en su Comisión de Derechos Humanos, el jefe de la organización terrorista que los amenazaba de muerte a todos ellos. Nada de lo ocurrido en la última tregua, por criticable que sea, es comparable a esa aberración, que tuvo lugar en la anterior sin que nadie se rasgara las vestiduras. A Josu Ternera no le hizo falta ninguna huelga de hambre para estar donde estuvo, y estoy convencido de que cualquier iniciativa para impedirlo hubiera topado con la oposición de nuestros sacerdotes de los Derechos Humanos.

¿Se puede fiar alguien de estos predicadores de la soberanía popular?

No entiendo cómo quien tiene ese baldón en su historial puede dar lecciones a nadie. ¿Está tan convencido el Gobierno vasco de que respeta escrupulosamente los Derechos Humanos, no ya en el pasado -que es evidente que no lo hizo-, sino en la actualidad, como para erigirse en juez y árbitro de su cumplimiento en una materia, la de la violencia terrorista, en la que sus compromisos de gobierno le impiden desentenderse de responsabilidades? El popurrí de la reciente declaración del Gobierno con motivo de la celebración del Día internacional de los Derechos Humanos es una desfachatez que mezcla sin ningún rubor a asesinos y a jueces, enfrenta la soberanía popular a la acción de la justicia, confunde a la opinión pública al tachar de delitos de opinión delitos que, acertadamente o no, no han sido juzgado como tales, e instrumentaliza, en fin, los Derechos Humanos, poniéndolos al servicio de un objetivo político tan puro e inmaculado que es incapaz de reconocer el arrastre de sangre que acarrea.

Según la declaración del Gobierno vasco, se defiende "la voz de la soberanía popular como último y más autorizado garante de construcción democrática", y uno se pregunta si es un ejemplo de ejercicio de la soberanía popular, u otro golpe más de la soberanía pontifical de partido, lo ocurrido recientemente en las Juntas de Guipúzcoa. Ya es un despropósito que el Impuesto de Sociedades no esté armonizado en toda la comunidad autónoma, objetivo para el que creo que existe una ley y una institución que la haga efectiva -el Parlamento, órgano de la soberanía popular-, pero lo que ha sido esperpéntico es el proceso que ha conducido a la situación actual en Guipúzcoa.

El partido minoritario del Gobierno foral hace una propuesta, no compartida por el partido mayor, para que sea aprobada por el principal partido de la oposición, que es el partido mayor del hemiciclo -¿quién gobierna en este caso?-. Ignorante el partido menor de las intenciones de su coaligado, su propuesta no prospera y se opta como solución final por un decreto que imponga la solución deseada por el partido mayor del gobierno, con satisfacción final del sector de la sociedad beneficiado, el nacionalempresariado. Y no pasa nada, dado el carácter reverencial que se le otorga entre nosotros al poder aborigen.

Con tanta carambola aviesa y tan escasos beneficiados, ¿se puede fiar alguien de estos predicadores de la soberanía popular y de derecho alguno?