El Gobierno espera el informe policial para promover la ilegalización de ANV

El Gobierno promoverá la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) tras el último atentado de ETA en el que murieron dos guardias civiles en Capbreton (Francia). La decisión política de actuar contra la formación que se niega a condenar los asesinatos de ETA ya está tomada y se llevará a efecto en las próximas semanas. Antes de formalizar la demanda, el Ejecutivo espera el último informe de las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre ANV para sumar el máximo posible de argumentos a su iniciativa.

La idea que maneja el Gobierno es impedir que ANV se pueda presentar a las elecciones generales del 9 de marzo. La Fiscalía considera que el proceso podría durar unos tres meses aunque la demanda de ilegalización de Batasuna, en 2003, llevó casi siete meses de tramitación. El Ejecutivo sabe que los plazos ordinarios están muy ajustados, por lo que baraja la posibilidad de presentar la demanda y solicitar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la convocatoria de urgencia de la sala del 61 del Tribunal Supremo, encargada de la aplicación de la Ley de Partidos. El incumplimiento de esta ley es la base de la actuación del Gobierno contra ANV.

Estrasburgo debate hoy la demanda de Batasuna contra su ilegalización

El calendario de acción más razonable que maneja el Gobierno gira en torno a la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones el 7 de enero. En torno a ese fecha se presentaría la demanda de ilegalización. Fuentes del PSOE insistieron ayer a este periódico en que la demanda se puede formalizar antes de la convocatoria de las próximas elecciones generales.

La Fiscalía General del Estado también prepara su propia demanda de ilegalización. Cándido Conde-Pumpido, fiscal general, anunció la semana pasada que las investigaciones están "muy avanzadas" y recordó que hay un proceso penal en marcha, que instruye el juez Baltasar Garzón, que podría conducir también a una medida similar contra ANV: la suspensión de actividades.

Estos dos procesos ya convergieron, por separado, en agosto 2002, cuando el Gobierno de Aznar, al corriente de que el juez Garzón se aprestaba a suspender a Batasuna, convocó un pleno extraordinario del Congreso para aplicar la nueva Ley de Partidos para ilegalizar a Batasuna.

Garzón solicitó un informe a la Policía el pasado 7 de octubre sobre las actividades de ANV a raíz de la detención de la cúpula de Batasuna. El magistrado aún no ha recibido ese informe policial, el mismo que puede servir de base al Gobierno para promomer la ilegalización de la formación política para la que pidió el voto Batasuna en las últimas elecciones autonómicas.

ANV consiguió 337 concejales en las elecciones del pasado 28 de mayo y ganó en 31 municipios del País Vasco y Navarra. Y eso después de que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado impugnasen y consiguiesen evitar la presentación de más de 200 candidaturas de este mismo partido político por interpretar que suponían una continuidad de la ilegalizada Batasuna.

Con ANV ya en los ayuntamientos, sus dirigentes se han negado a condenar los atentados de ETA. Si con motivo del asesinato de dos ciudadanos ecuatorianos en el atentado de la T-4 de Barajas, los miembros de la izquierda abertzale se limitaron a recordar el rechazo genérico a la violencia, sin condenar expresamente la acción terrorista, con motivo del tiroteo mortal a los guardias civiles ANV ni siquiera ha hecho referencia al rechazo a la violencia incluido en sus estatutos. El Gobierno cree que esta actitud suma razones para promover la ilegalización del partido.

Fuentes gubernamentales subrayan, no obstante, la necesidad de estar atento al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La posible admisión a trámite del recurso hoy contra la ilegalización de Batasuna supone una llamada a actuar con cautela y sin precipitación, habida cuenta que ANV sería suspendida mediante una medida cautelar, lo que probablemente volvería a ser objeto de polémica y debate jurídico en Europa.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer que "no supondría ninguna sorpresa" la posible admisión a trámite del recurso de Batusuna contra su ilegalización por parte del Tribunal de Derechos Humanos. "Sería anómalo que Estrasburgo no admitiera a trámite la demanda", explicó, dado que la admisión a trámite "es un acto de iniciación que se produce cuando los derechos que se alegan como violados son importantes". Según Bermejo, el Gobierno "no le tiene miedo" al Tribunal de Estrasburgo, porque "el Estado tiene muchas razones en este tema".

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