El Gobierno central sanciona a Morón con 600.000 euros por vertidos tóxicos

Los vertidos de aguas residuales a varios arroyos de Morón de la Frontera (Sevilla, 28.000 habitantes) van a salir caros al gobierno municipal. El Consejo de Ministros le impuso ayer al Ayuntamiento una multa de 605.170 euros por verter a través de su red de alcantarillado aguas sin depurar a los arroyos La Peste, San Cristóbal y El Cuerno.

El acuerdo del Gobierno ratifica la multa propuesta por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que viene denunciando desde 2004 la "dejación" de funciones del consistorio para evitar que las empresas de aderezo de aceituna vertieran sus residuos al cauce del río Guadaira.

La multa, por tanto, no sorprendió ayer a los responsables del gobierno municipal, en manos del PP. "No nos pilla de sorpresa", reconoció su portavoz y delegado municipal de Hacienda, Antonio José Ramírez. La CHG anunció en diciembre que la sanción ascendería a más de 600.000 euros, por lo que, según Ramírez, los presupuestos municipales para 2007 ya reservaban esa cantidad.

No obstante, los abogados del Ayuntamiento informaron ayer a los responsables municipales de que aún les queda abierta una vía de recurso, que el gobierno va a ejercer, según adelantó su portavoz. No obstante, la CHG ha desestimado hasta ahora los recursos impuestos por el Ayuntamiento.

La dejación de funciones del gobierno municipal ha sido tipificada como una infracción "muy grave" de las recogidas por la Ley de Aguas. La gravedad de la infracción viene en este caso determinada por el carácter reiterado de los vertidos, su volumen y los daños ocasionados al cauce del río. El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros cifra en 526.234,74 euros la sanción por verter las aguas tóxicas, a los que hay que sumar otros 78.936 euros de indemnización por los daños causados al dominio público hidráulico. Fuentes de la CHG señalan que esta es la multa más alta impuesta por este organismo a una administración pública andaluza.

El Gobierno insta también al Ayuntamiento a que "cese inmediatamente" en los vertidos y "cumpla con el condicionado de la autorización por el organismo de cuenca [la CHG]" para el vertido de aguas residuales procedentes del colector municipal al cauce público de los arroyos. La CHG y el portavoz del consistorio coincidieron ayer en que el Ayuntamiento ya está cumpliendo esta parte del exhorto del Gobierno. "El acuerdo [del Consejo de Ministros] no refleja la realidad actual de los vertidos" asegura Ramírez, quien recuerda que la CHG ya ha reconocido "el esfuerzo" del Ayuntamiento para acabar con el problema.

Para subsanar los errores del pasado, el consistorio ha endurecido la ordenanza reguladora de vertidos. La endeblez de la anterior llevó a la Confederación a retirarle el pasado mes de febrero al Ayuntamiento las competencias en materia de depuración y vertidos, una medida inédita hasta entonces en España. Las competencias le fueron devueltas dos meses después. Desde entonces, además de mejorar la ordenanza, el gobierno municipal ha puesto en marcha "medidas individuales de control" de las empresas contaminantes, asegura el portavoz.

No obstante, a principios de noviembre la Confederación volvió a expedientar al Ayuntamiento por arrojar a través de la red de alcantarillado vertidos compuestos por sangre procedente de dos mataderos, alpechín de una empresa de aderezo de aceitunas y purines de una granja de cerdo, si bien el organismo de cuenca reconoció que estos incidentes no fueron "tan graves" como los de años anteriores.

La situación no terminará de corregirse hasta que entre en funcionamiento la depuradora del municipio, que se estropeó debido a los vertidos de las empresas aceituneras y aún no se ha reparado.