La juez da carpetazo a la causa contra los científicos de Granada

La denuncia que produjo escándalo y sembró incertidumbre entre los científicos se apagó en cinco días. La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 8 de Granada, María Paz Pérez, decretó ayer el archivo de la causa contra los cuatro investigadores del Banco de Líneas Celulares de Granada por un supuesto delito de manipulación genética.

La declaración de estos cuatro científicos como imputados quedó en papel mojado tras las siete denuncias presentadas por Carmen Areoso, de 74 años, en un juzgado de guardia de Santiago, por el uso de células madre embrionarias y empujadas por su "fe" y sus "principios".

La magistrada sostiene en un auto que la actividad de los investigadores no es "constitutiva de infracción criminal", tras estimar la petición de la Fiscalía, que pidió el "inmediato archivo" de las diligencias previas y su toma de declaración. El dictamen resalta la inconsistencia de la denuncia presentada por Areoso, que se limitó a calcar una denuncia redactada por la Asociación Pro Derechos Fundamentales contra el investigador valenciano Carlos Simón: "Únicamente consta la inferencia por parte de la denunciante de hechos delictivos a través de la lectura de un artículo, sin que exista ningún otro dato indiciario que permita concluir" que la ley se ha quebrantado.

La denuncia admitida a trámite en Granada se dirigió contra los investigadores del banco granadino (su actual director Pablo Menéndez, su predecesor en el cargo, Ángel Concha, y los investigadores Fernando Cobo y Alicia Barroso). En dicha denuncia Areoso argumentaba que los proyectos de investigación atentan contra el artículo 15 de la Constitución, referente al derecho a la vida.

La juez añade que la pretensión de Areoso, que planteó el cese de la investigación del banco de células, "produciría una instrumentalización indebida del proceso penal, ya que en el presente caso no concurren los presupuestos procesales exigidos legalmente", por lo que desestima su pretensión.

Areoso exigía en su denuncia "la suspensión de la destrucción de embriones" tanto en el Banco de Células como en el Hospital Virgen de las Nieves granadino. "Se están alterando, dañando y destruyendo embriones humanos con meros fines científicos", censuró.

Pero la juez estima que los cinco proyectos de investigación donde participan los científicos denunciados han sido evaluados e informados por las comisiones de seguimiento y control autorizadas. "La actividad de estos investigadores se encuadra dentro del marco legal básico para el desarrollo de sus respectivas funciones de investigación", que se concreta en normas tanto de carácter comunitario, como estatal y autonómico, entre las que cita la ley sobre técnicas de reproducción asistida y la que regula la investigación en Andalucía con preembriones humanas sobrantes.

Areoso se propone batallar en los juzgados hasta el final. Su abogada anunció ayer que interpondrá recurso de reforma ante el juzgado, y si éste es desestimado apelará ante la Audiencia Provincial de Granada.

El fiscal recordó en su dictamen hasta 16 normas de carácter comunitario estatal o autonómico que amparan la investigación, puesta en tela de juicio por la denunciante. Ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, consideró que se ha producido "cierta discordancia legislativa" entre la normativa específica y el código penal, que según Conde-Pumpido "está desbordado por esta materia".

Por su parte, la consejera de Salud, María Jesús Montero, manifestó su "satisfacción" por el archivo de la causa e incidió en que tenía la seguridad de que el Banco de Líneas Celulares y sus investigadores siguen "escrupulosamente la ley".