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La Generalitat vende su 25% en Al-pi a France Télécom y recupera la red

El grupo francés controlará el 100% del operador tras pagar 30 millones

France Télécom y el Gobierno tripartito catalán cerrarán esta semana, según fuentes del sector, un acuerdo destinado a zanjar ocho años de continuas disputas sobre el futuro del operador de telecomunicaciones especializado en servicios a empresas Al-pi, fruto de la mayor privatización realizada en Cataluña, en tiempos de Convergència i Unió (CiU).

El acuerdo se basa en tres pilares. El primero, que el grupo francés, que ahora controla un 75% de Al-pi, pase a controlar el 100% del operador. El segundo, que la Generalitat recupere la titularidad pública de la parte que considera "estratégica" de la red. Y, por último, que una nueva sociedad, France Télécom Cataluña, aglutine todos los negocios del grupo galo en esta comunidad durante un mínimo de cuatro años. Esta sociedad gestionará varios centros de excelencia para todo el grupo.

El grupo francés se hará así con el 25% del capital que aún está en manos de la Generalitat. El acuerdo valora Al-pi en 117,2 millones de euros, de modo que los franceses pagarán a la administración catalana 29,3 millones: 17 millones en efectivo y otros 12,3 millones por las infraestructuras que ceden. El consejero de Gobernación, Joan Puigcercós (ERC), quiere que este dinero sirva para invertir en más infraestructuras de telecomunicaciones. La Generalitat planea poner en marcha un operador neutro cuya red sea utilizada por otros grupos que no dispongan de infraestructura propia, y la red de Al-pi es su punto de partida.

France Télécom, entonces Uni2, pagó en su día 78,13 millones para controlar el 75% de Al-pi, una empresa que se creó cuando, en 1999, el Gobierno catalán decidió segregar en varias empresas (y privatizarlas) el negocio de su Centro de Telecomunicaciones. Fue también el caso de la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones Tradia, que fue entregada por la Generalitat a Abertis por adjudicación directa.

En el caso de Al-pi sí hubo concurso, y la filial española de France Télécom lo ganó en el último momento, después de que le recomendara presentarse a él la firma Europraxis (hoy parte de Indra), de la que era fundador y principal estratega uno de los hijos del ex presidente Jordi Pujol. La oferta del grupo galo fue cuatro veces más elevada que el precio de salida fijado en el concurso. En su favor jugó el dinero y una larga lista de compromisos con Cataluña que la Generalitat quiso amarrar y que, en los años de vacas flacas que siguieron a la euforia de la nueva economía, fueron incumplidos.

Inversiones y empleo

Estos compromisos incluían desde inversiones de 288,49 millones de euros en 10 años a la creación de 540 empleos en ese periodo, pasando por la centralización en Barcelona de la actividad de investigación y desarrollo (I+D), ingeniería de clientes y mercadotecnia estratégica.

La Generalitat se quedó con un 25% de las acciones para intentar controlar el cumplimiento de dichos compromisos, y también tenía en sus manos la eventual ejecución de avales por su incumplimiento, pero no logró su propósito. Se desencadenó así un eterno tira y afloja que tuvo un breve paréntesis de paz cuando en 2002 ambos accionistas inyectaron 70 millones en Al-pi para evitar la quiebra.

El culebrón ha sobrevivido a los sucesivos cambios en la cúpula de France Télécom y al cambio de inquilino en el Gobierno catalán, con la llegada del tripartito de izquierdas, molesto con las consecuencias de la privatización de Al-pi y aún no repuesto de la pérdida de la sede catalana de la antigua Auna.

El final de un culebrón con todo tipo de ofertas

Dentro del Gobierno catalán, las telecomunicaciones son ahora coto de ERC, que ha mantenido abiertas discrepancias con el PSC. Los socialistas querían vender su parte a cualquier precio y olvidarse de operadores propios. ERC, que soñó en su día con un Euskaltel catalán, quería ir a por todas. El pacto, calificado de "posibilista" por fuentes conocedoras de su contenido, es compartido por ambas partes.

En el culebrón ha habido de todo: amenazas de llevar a France Télécom a los tribunales, cartas del grupo francés afirmando que Al-pi era "inviable", búsqueda de socios catalanes y extranjeros que relevaran a la Generalitat, y sobre todo, ofertas y contraofertas recíprocas. La última, que la Generalitat rechazó de plano, consistía en que el operador francés pagara sólo seis millones por el 25%.

El Gobierno catalán dijo que sólo se desharía de una inversión que considera "estratégica" si, además de un importe superior, el grupo francés le devolvía a cambio toda la red (800 kilómetros de fibra óptica). France Télécom se echó las manos a la cabeza.

El pacto recupera para la administración catalana la red de fibra óptica de los edificios de la Generalitat y la anilla que los une, más el 30% de la capacidad total de la red, con 34 municipios. Y da una opción a la Generalitat para que France Télécom subrogue la red de Albura -la red de telecomunicaciones de Red Eléctrica (REE)- por cuatro millones de euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de diciembre de 2007

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