Investigado un constructor de Arganda por apropiarse de millones de euros

Julián Sánchez Primo, el constructor de Arganda del Rey imputado por la venta de pisos protegidos exigiendo dinero negro (véase EL PAÍS de ayer), está también siendo investigado por la apropiación indebida de bienes familiares y societarios por valor de decenas de millones de euros. En sólo una de las operaciones investigadas, Sánchez Primo se habría enriquecido con 15 millones de euros, según consta en las diligencias judiciales que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 3 de Arganda.

Sánchez Primo fue denunciado por su sobrina por no darle una herencia

Los Sánchez Primo constituyen uno de los mejores ejemplos en la región de sagas familiares que, gracias al negocio del ladrillo y partiendo de orígenes humildes, han alcanzado unas cotas de riqueza sin parangón en el este de la región. La ambición, la pugna por el control de la empresa familiar y el reparto de la herencia de uno de sus fundadores, sin embargo, ha terminado con toda la familia enfrentada en los tribunales y la Guardia Civil y el Ministerio de Hacienda investigando hasta el más mínimo detalle de los bienes familiares.

Los dos hermanos Sánchez Primo, Julián y Luis, fundaron con sus respectivas esposas una modesta constructora hace 21 años que en 2004 se había convertido en un grupo empresarial que facturaba más de 40 millones de euros. La paz familiar, que hasta entonces había permitido gestionar la empresa por consenso de los dos hermanos, se rompió con la muerte de Luis el 6 de noviembre de 2003.

Según la querella presentada por una de las hijas de Luis contra su tío Julián, éste empezó una serie de maniobras fraudulentas "para obtener el control y el poder de disposición absoluto de la empresa familiar" por los que ahora está siendo investigado por los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento y varios delitos societarios relacionados con la gestión de la empresa -"alteración deliberada de la situación financiera de la sociedad, negativa al derecho de información de los socios, certificación de acuerdos de las Juntas Generales..."-.

Entre ellas, estaría la compra de un 1% de acciones -claves para obtener el control de la empresa- a Luis poco antes de su muerte aprovechándose de su larga y penosa enfermedad. Cuando dos de sus sobrinos cuestionaron esta compra, Julián consolidó su mayoría accionarial adquiriendo a su tercera sobrina otro pequeño paquete accionarial a cambio de ayudarla a comprar un piso para su suegra. Según la querella presentada por sus hermanos, esta sobrina es "una persona frágil, vulnerable y manipulable por padecer desde la infancia una encefalitis vírica que determina una debilidad volitiva e intelectiva".

Pero ante los problemas para hacerse con la mayoría de la empresa, Julián siguió una segunda estrategia: "Comprar con dinero de la promotora diversas fincas e inmuebles que ponía a su nombre y al de sus familiares directos", según la querella. La venta de una sola de estas propiedades -que representaba "únicamente un 10%" de sus posesiones- le reportó a Julián unos beneficios de 15 millones de euros que se endosó en sus cuentas particulares, descapitalizando así la empresa familiar, según la querella.

Los sobrinos de Julián, además, le acusan de haberse aprovechado de su condición de albacea de la herencia de Luis y de máximo responsable de la empresa para ocultarles una parte importante del patrimonio familiar al que tenían derecho.

La querella que promueven dos de los tres sobrinos de Julián se inició en 2005 y es, por tanto, dos años anterior a la presentada por los compradores de dos promociones de pisos protegidos a los que les fueron cobrados entre 40.000 y 69.000 euros en dinero negro (ver EL PAÍS de ayer). Sin embargo, ambos procesos coincidieron en el Juzgado de Instrucción 3 de Arganda, que ha decidido unirlos en uno solo. Uno de los hechos que surge en ambos casos es el cobro de dinero negro. Un informe de la Guardia Civil, fechado el pasado 19 de mayo, investiga las compras de viviendas efectuadas por la hija de un conocido político local de Arganda del Rey y de dos Guardias Civiles, entre otras personas, también con dinero como parte del pago.

En sus investigaciones, la juez ordenó el registro de las propiedades de Julián Sánchez Primo y su yerno Mariano Trillo también imputado, el 13 de octubre de 2005. En ellos, la Guardia Civil encontró decenas de equipos informáticos, miles de documentos y 105.035 euros y 62.207 dólares en efectivo. Este dinero, según el acta del registro, "no fue intervenido, dejándose en el mismo lugar". La ingente de información obtenida es la que está bajo investigación. Desde la primera querella presentada por una sobrina de Sánchez Primo hasta la fecha han pasado dos años, pero la instrucción del proceso "necesita más tiempo por la complejidad del caso, el entramado de empresas y la gran cantidad de personas implicadas", según fuentes judiciales.

En la primera parte del proceso, la juez tiene que aclarar el patrimonio real de los Sánchez Primo y separar las actuaciones del Julián que correponden a su esfera privada de las que ha hecho como administrador de la empresa familiar.

En la segunda parte, las declaraciones de los testigos a los que se exigió el pago de dinero negro en la compra de viviendas protegidas se prolongarán hasta el próximo febrero. En esta parte, además de Sánchez Primo y su yerno, están imputados el dueño de la inmobiliaria Vilsa, Javier Villapalos, y dos empleadas de la empresa.

El abogado de Sánchez Primo defendió ayer, tras haber declinado ofrecer su versión hace tres días, que su clientes en "ningún caso" han incumplido la ley "como ha quedado claramente acreditado ante el juez".