¿Cómo salir del socavón educativo?

El Departamento de Educación está haciendo grandes esfuerzos, pero no siempre repercuten en la mejora del ineficaz sistema educativo. La futura ley sólo será útil si logra incidir sobre lo que ocurre en las aulas, que es donde se decide la calidad. La fórmula del éxito es clara: alumnos motivados y profesores bien preparados, centros consagrados a fomentar el estudio y la convivencia. Por eso, en la ley habría que dar prioridad a las medidas sobre el alumnado y las familias (disciplina, cultura del esfuerzo), el profesorado (formación inicial, carrera profesional...) y los centros (recursos, equipos directivos con capacidad para impulsar la mejora de los resultados).

El informe de la Fundación Bofill y los resultados de las pruebas PISA muestran el fracaso del modelo pedagógico de la LOGSE. Lamentablemente, el lobby pedagógico logsista domina el Departamento de Educación y no parece dispuesto a reconocer sus fallos. En Cataluña persisten errores como el escaso rigor en el paso de primaria a secundaria, la poca exigencia (el aprobado "con asterisco" o suspenso camuflado), el énfasis en la comprensión y no en el aprendizaje... Lo que conocemos de la ley catalana sigue con la misma filosofía logsista disfrazada de aparentes soluciones, cargando la responsabilidad sobre centros y profesores y eludiéndola la Administración.

No todas las escuelas públicas son iguales como tampoco son iguales las realidades sociales que cubren. Muchas escuelas públicas catalanas funcionan mediante proyectos educativos orientados a lograr más éxito escolar. La autonomía no hará más que dar rango de ley a lo que es habitual para muchos de nosotros. Los centros y los docentes debemos ser evaluados por nuestra propia higiene laboral. No debemos confundir evaluación con fiscalización. Los equipos directivos requieren más especialización, impuesta por la nueva fisonomía de la comunidad escolar, que demanda su intervención en cuestiones que, en muchos casos, van más allá de lo escolar.

La autonomía es necesaria para responder a las necesidades del entorno y a las demandas de las familias que han optado por llevar a sus hijos a un centro. Tiene que basarse en un proyecto educativo consensuado entre la comunidad educativa y la Administración, que garantice los recursos humanos y económicos necesarios y permita la autonomía en la organización pedagógica y de gobierno del centro.

Para liderar un proyecto educativo es necesario un equipo directivo estable y profesional. La evaluación es necesaria para analizar el uso adecuado de los recursos. La evaluación ha de permitir una carrera profesional horizontal, sin cambio de centro.

El consejero [Ernest Maragall] se equivoca situando el peso de la propuesta sobre el profesorado. Si lo evalúan, se darán cuenta de quién sostiene el sistema. Que evalúen también la gestión y la planificación educativa y veremos que han quedado tan obsoletas como Cercanías. CC OO defenderá los principios del trabajo en el servicio público: transparencia, igualdad, mérito y capacidad. Más confianza en la autonomía de los equipos pedagógicos y mejores condiciones. Y que pongan en la ley lo que nos hace falta: el 6% del PIB para educación, atención educativa entre 0 y 3 años, recursos para la escuela inclusiva, las ratios, la investigación educativa, la gratuidad efectiva.

En Cataluña hay un socavón educativo y es obligado darle respuesta. La que se le quiere dar está inspirada en un modelo economicista, pero en otros países europeos los problemas sociales que plantea ese modelo son enormes. En Inglaterra cada centro fija el sueldo del profesor en función de su productividad, medida en términos de resultados académicos. Hay también una clasificación de centros. Se considera la educación como una mercancía en la que las familias invierten según sus ingresos, mientras que los centros compiten como empresas con la meta de ganar cuota de mercado. Pero la educación es un derecho al que todos deben tener acceso por igual.

El modelo de autonomía en el que se basa la ley significa poner en marcha criterios privatizadores en la gestión de los centros y consolidar centros de diferentes categorías. La capacidad de las direcciones para escoger al profesorado supone desregular las condiciones de trabajo y la provisión de plazas, que pasarían a depender de criterios subjetivos. Se debe garantizar que los directores sean verdaderos dinamizadores pedagógicos y no conferirles un carácter de casi propietarios de los centros. Evaluar al profesor, si el objetivo es clasificarlo será negativo y tenderá a imponer la sumisión y autocensura, abriendo vías a la arbitrariedad y dificultando el trabajo en equipo.

Ni los alumnos son clientes, ni la enseñanza un negocio. La autonomía apunta a convertir los institutos en franquicias donde un director, adicto al régimen, hará y deshará disparando con pólvora del rey (el erario público), sin rendir cuentas. Es dejación por la Administración. No hay un solo estudio serio que ligue la autonomía de centro a más calidad. Lo que indican es más bien que la autonomía es una variable independiente. ¿Evaluar a los docentes por un ente privado? Quizá antes habría que evaluar a los ideólogos de la pedagogía lúdico-minimalista que han pergeñado el despropósito actual y a los políticos que les han escuchado, el señor Maragall incluido.