Las Juntas llamarán a declarar a Bravo por la trama del fraude de Irún

La comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que investiga el fraude de la Hacienda foral de Irún llamará a declarar a José María Bravo, el principal imputado por el mayor escándalo económico de esta provincia, actualmente preso en la cárcel de Martutene. La decisión de convocarle fue adoptada ayer con el apoyo de todos los grupos políticos en la segunda reunión de la citada comisión.

Además del ex director de la oficina tributaria de Irún, también será citada a declarar Pilar Gracenea, imputada asimismo en la causa, por su condición de trabajadora de la Diputación cuando ocurrieron los hechos delictivos. La comparecencia de ambos funcionarios debe ser aceptada por la juez Almudena Ovejero, encargada de instruir las diligencias, según informó el presidente de la comisión de investigación, el socialista Julio Astudillo.

Los miembros de este órgano aprobaron ampliar el número de personas que serán citadas a declarar a partir del próximo mes de diciembre. Además de los inculpados, la lista de comparecientes se completa con técnicos de Hacienda de las áreas de recaudación, auditoría, intervención, información tributaria, y contabilidad. Serán llamados también representantes sindicales y profesionales (abogados) que han tenido relación con los expedientes irregulares que se investigan en el juzgado y, finalmente, los responsables políticos del área de Hacienda en el periodo que se investiga, entre 1991 y 2006.

En este último bloque se incluyen los directores de Hacienda, entre los que figura el hermano de José María Bravo, el ex senador del PNV Víctor Bravo, los asesores del departamento, así como los diputados forales y los tres últimos diputados generales: Román Sudupe, Joxe Joan González de Txabarri y Markel Olano, todos del PNV.

En todo caso, Astudillo explicó que todos ellos podrían negarse a acudir a las Juntas, ya que la obligación de comparecer ante este tipo de comisiones sólo está regulada por ley para las constituidas en las Cortes, y no en los parlamentos autonómicos, forales y provinciales.

A la vista de que los trabajos de la comisión se puede alargar más de lo previsto tras aumentarse el número de posibles declarantes, se pedirá al pleno de las Juntas que amplíe el plazo inicial establecido de seis meses hasta finales de 2008. Astudillo afirmó que la investigación será "seria y en profundidad". "No vamos a ir deprisa, porque las responsabilidades políticas no prescriben", manifestó.