El Senado dará un mes a las autonomías para elegir a 34 candidatos al Constitucional

El Senado dio ayer el primer paso para acelerar la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional (cuatro de sus 12 magistrados) con un nuevo método que permite a las autonomías proponer candidatos (dos por comunidad, 34 en total), antes de un mes. La Cámara alta aprobó ayer en comisión la reforma de su Reglamento (con el voto en contra del Partido Popular y un recurso contra la iniciativa por considerar que no se respetan los plazos de enmiendas). El nuevo reglamento permite que las autonomías propongan 34 candidatos, de los que el Senado elegirá a cuatro.

La renovación de los cuatro magistrados que corresponden al Senado debería realizarse en torno al 17 de diciembre, cuando cumple el mandato de los nombrados en la anterior ocasión, en 1998. La lógica de la aritmética parlamentaria adjudica al menos dos magistrados a los progresistas y otros dos a los conservadores, con lo que el Constitucional tendría a partir de diciembre una mayoría progresista (siete frente a cinco) en lugar del empate actual.

Los magistrados a sustituir acaban su mandato el 17 de diciembre

La Cámara aprueba en comisión la reforma del reglamento

Si quiere llegar a tiempo, el Senado dará un plazo como mucho de un mes para que las autonomías se pronuncien respecto a qué personas quieren que ocupen los cuatro puestos. Coincide que el último pleno convocado esta legislatura es en los días 18 y 19 de diciembre, aunque existen fechas para convocar otro extraordinario antes de la disolución de las Cortes la primera semana de enero.

Las comunidades con mayoría parlamentaria del PP se lo están pensando, pero, como anticipo, el Ejecutivo valenciano adelantó ayer la estrategia: "Secundamos la postura del PP en el Senado, que acaba de presentar un recurso que bloquea la participación de los Parlamentos autónomos en la elección de candidatos al Constitucional". Se refería al recurso que tramita el Tribunal Constitucional precisamente contra esta ley que modifica el sistema de elección y que, antes de entrar a deliberarse, ya ha provocado una crisis en el organismo con la recusación de dos magistrados conservadores por parte del Gobierno y de tres progresistas por parte del PP.

Desde Castilla y León, el portavoz del PP aseguró que se siente "mejor representado por el Estado español que por una comunidad autónoma concreta que sólo defienda sus intereses singulares", dicho, naturalmente, a expensas de leer el texto definitivo del Senado, informa Laura Cantalapiedra. Desde la sede central del partido no hay pronunciamiento oficial. Consultados los grupos regionales mayoritarios del PP de la Asamblea de Madrid y del Parlamento de La Rioja pospusieron cualquier declaración a la aprobación definitiva del Reglamento del Senado y a recibir la comunicación oficial.

Pero el PP no está de acuerdo con la nueva fórmula de elección de magistrados, como ha hecho público y ha argumentado en su recurso contra la nueva ley, y amenaza con impedir el proceso. En el Senado, los grupos habían concedido al PP dos prórrogas del plazo de enmiendas al reglamento. El PSOE mantiene que los populares sólo pretenden retrasar un proceso que ya tiene de por sí un calendario de angustia por delante. El PP rechaza de plano esta acusación. "Se nos impide la presentación de enmiendas", argumentó ayer la senadora popular Rosa Vindel. Vindel comunicó además que el PP ha recurrido la decisión de la Mesa. Fuentes de la Mesa indicaron que no se recuerdan precedentes de un recurso así.

Lo que el resto de grupos parlamentarios comenzó ayer por la mañana es una carrera para cumplir en plazo con el mandato constitucional, aún a riesgo de llevar a los candidatos propuestos a un callejón sin salida. Cuando el pleno de la Cámara alta tenga que dar su aprobación a los cuatro nombramientos, los votos del PP serán imprescindibles para alcanzar la mayoría de tres quintos a la que obliga la Constitución. Está por ver que los otros grupos logren encontrar candidatos a magistrados dispuestos a quemarse en una votación tan dramática y sin precedentes en la que, por primera vez, un grupo parlamentario con mayoría de bloqueo se niegue a renovar el Tribunal Constitucional.

Hasta entonces, la reforma del Reglamento del Senado, necesaria para que las comunidades autónomas participen en el proceso, a efectos prácticos, no hace sino añadir dificultades al proceso. Los plazos son muy cortos para todo lo que se debe hacer antes de que se disuelvan las Cortes (previsiblemente la primera semana de enero). La reforma del Reglamento del Senado se votará en pleno el miércoles 21 de noviembre, y por primera vez se hará con uno de los dos partidos mayoritarios, el PP, en contra.

A partir del día siguiente, el presidente del Senado debe comunicar por carta a los Parlamentos autónomos que se abre el plazo para presentar candidaturas. Según el reglamento pactado, los parlamentos podrán proponer dos candidatos cada uno, es decir, un total de 34.

El plazo para esa propuesta no es otro que el que el presidente del Senado quiera poner en las cartas que envíe a los Parlamentos. Y será el justo para que se llegue a tiempo al último pleno de diciembre y cumplir con la renovación. Con el calendario en la mano, de 15 días a un mes. Algunos Parlamentos, según fuentes del Senado, pueden tener que reformar a su vez sus reglamentos para hacer sus propuestas, con lo se añade otra complicación al enredo.

En cualquier caso, la fórmula aprobada ayer en el Senado establece que la Cámara nombrará a sus propios candidatos "si no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes". Según explicó el socialista Enrique Curiel, se trata "de impedir cualquier posibilidad de bloqueo en la que nos pudiéramos encontrar, y naturalmente de una forma excepcional". Es decir, que si alguna comunidad autónoma no presenta candidatos, se queda fuera del proceso.