El candidato a fiscal general de Bush no condena la tortura

Al candidato del presidente de Estados Unidos para el puesto de fiscal general del Estado, Michael Mukasey, se le preguntó esta semana, desde el comité que estudia su nominación, su opinión sobre la técnica conocida como waterboarding, que consiste en sumergir la cabeza del interrogado en agua y provocarle una sensación de ahogamiento. "Repugnante", respondió. Pero hubo un pero en su declaración: manifestó no saber si esa técnica de interrogatorio, viola las leyes estadounidenses contra la tortura.

O lo que es lo mismo: el llamado a ser futuro jefe de la justicia o tiene la manga ancha cuando se habla de tortura o información privilegiada que le lleva a no oponerse a algo que su departamento pone en práctica, al margen del Congreso y de la ley.

Parecía que su confirmación iba a ser un paseo. "Tenía la nominación en el bolsillo", declaró ayer Patrick Leahy, demócrata y presidente de la Comisión Judicial del Senado. Ayer, su confirmación estaba más amenazada que nunca. Cuatro senadores demócratas que están en la carrera por la Casa Blanca manifestaron su oposición a la confirmación. Otros importantes demócratas dentro del Senado se definieron en el mismo sentido.

La Casa Blanca se ha negado a detallar las técnicas de interrogación de acusados después de los ataques terroristas del 11-S. Entre ellas se sospecha que se encuentra el simulacro de ahogamiento sobre el que se preguntó a Mukasey.

Críticas demócratas

La candidata demócrata con más opciones a la presidencia, Hillary Clinton, declaró ayer: "No podemos mandar en ningún momento la equivocada señal de que el próximo fiscal general del Estado aprueba la tortura o cree que el presidente está fuera de la ley". Los senadores Barack Obama, Joseph Biden (miembro del Comité Judicial) y Cris Dodd hicieron declaraciones en el mismo sentido.

Tomando como caballo de batalla el waterboarding, los demócratas pretenden forzar a Mukasey a que repudie la controvertida técnica que la Administración de Bush parece aprobar. Mukasey, de 66 años, juez federal retirado, fue nombrado por Bush para sustituir a Alberto Gonzales, quien dimitió a finales del pasado agosto tras ocho meses de investigación del Congreso por alegaciones sobre supuesta politización del departamento que dirigía.