El PP renuncia a sostener la defensa del trasvase del Ebro en el Congreso

El PP renuncia a exigir el trasvase del Ebro en el Congreso de los Diputados. A diferencia de lo que hizo el año pasado, el PP no enmendará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2008 para pedir dinero para el trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana. Las presiones de los populares aragoneses y catalanes obligaron anteayer a Vicente Martínez-Pujalte, portavoz adjunto del PP en el Congreso, a rectificar la enmienda que su grupo parlamentario había presentado en las cuentas del Estado de 2008. Una enmienda en la que el PP reclamaba 600 millones de euros para las obras del derogado trasvase del Ebro.

Narbona dice que el informe de Camps sobre la sequía está alejado de la UE

Las prisas por evitar que la reivindicación del trasvase del Ebro se discutiese en el debate de Presupuestos del Congreso y pusiese en evidencia las diferencias territoriales del PP acabó por convertir la enmienda en un disparate. Así, el PP mantiene la exigencia de que se destinen 600 millones de euros, pero no para el trasvase del Ebro -cuyas obras se iniciaron de forma ficticia en vísperas de las generales de 2004 en presencia de Francisco Camps y la entonces ministra Elvira Rodríguez-, sino para el Júcar-Vinalopó. Una infraestructura que cuesta la mitad de lo que reclama el PP, que tiene otra enmienda presentada en la que pide 60 millones adicionales para hacer el antiguo trazado con la toma en Cortes en vez de Cullera.

Fuentes parlamentarias explicaron ayer que en el debate de Presupuestos Generales del Estado de 2007 el PP presentó una enmienda en la que solicitó 300 millones de euros para el trasvase del Ebro. Una enmienda que fue derrotada en el Congreso y que el propio PP, que entonces tenía mayoría en el Senado, retiró por propia iniciativa ante las protestas de los senadores populares manchegos y aragoneses.

Martínez-Pujalte achacó la polémica a "un error mecanográfico" en una nota difundida por la dirección regional del PP, que preside Francisco Camps. La nota, sorprendentemente, no menciona ni una sola vez el río Ebro. Un curso fluvial que Rajoy, Camps y el PP valenciano lleva una década invocando como solución a los problemas hídricos de los valencianos.

El comunicado sí indica que "el PP nunca ha renunciado a ningún trasvase ni a la solidaridad hídrica entre comunidades tal y como defendió Rajoy" el sábado pasado en Valencia.

El PP intentó convencer de que todavía exige el trasvase del Ebro con el argumento de que ha presentado una enmienda a los PGE de 2008 en la que insta al Gobierno a que en el plazo de un año actualice el Plan Hidrológico Nacional. Una actualización que debería contemplar, "sin apriorismos, todas las posibilidades técnicas para mejorar la gestión y reutilización de las aguas, así como las transferencias de recursos hídricos sobrantes, disponibles de las cuencas excedentarias a las deficitarias en virtud del principio de solidaridad interterritorial". La enmienda popular no hace referencia alguna al río Ebro, pero sí "considera que es imprescindible recuperar la confianza mutua, suprimir la confrontación territorial y buscar el acuerdo como la base sobre la que construir el futuro".Fuentes del Grupo Popular en el Congreso argumentaron que la decisión de cambiar la enmienda en la que pedían 600 millones para el trasvase del Ebro responde al pacto alcanzado entre los populares valencianos con los de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña para conjugar sus posiciones contradictorias. Una modificación que ha hecho que al final el PP pida en el Congreso que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado dos veces (660 millones) lo que cuesta el Júcar-Vinalopó, presupuestado en 303 millones y ya en ejecución.

El presidente del PP de Aragón, Gustavo Alcalde, aseguró el lunes tras conocer que se había retirado la exigencia del trasvase del Ebro que el portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, le había confirmado que "no tenía voluntad política" de insistir en sus peticiones trasvasísticas, según publicó el Heraldo de Aragón.

El Grupo Popular en el Congreso intentó vestir el cambio en la enmienda con otras razones más peregrinas, como que este año no tiene sentido reclamar el trasvase del Ebro "porque se acaba la legislatura y no hay autorización para iniciar las obras" hacia la Comunidad Valenciana.

Lo que sí está contrastado es que el PP de Aragón se mostró primero sorprendido y luego irritado cuando el pasado viernes supo de la existencia de la enmienda sobre el trasvase del Ebro. El malestar generado entre las distintas organizaciones territoriales del PP fue objeto de conversación esa misma noche en la que Mariano Rajoy se preparaba para ser presentado al día siguiente en Valencia como candidato.

Aún así, el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, anunció el lunes por la tarde en rueda de prensa que su partido reclamaba 600 millones de euros para hacer el trasvase del Ebro en los PGE de 2008.

La diputada socialista en temas de agua en el Congreso, la alicantina Juana Serna, afirmó ayer que "Rajoy pensaba explicar el sábado en Valencia lo mucho que se interesaba por la Comunidad Valenciana y los suyos de Aragón lo pararon en seco".

"El PP es tan mentiroso que han llegado a engañarse entre ellos mismos", prosiguió Serna, que recalcó que "los populares tienen gravísimas contradicciones en el tema de los trasvases".

El portavoz de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, dijo que la demanda de 660 millones de euros para el trasvase Júcar-Vinalopó es "el último esperpento de la política del agua del PP, ya que se trata de una infraestructura a la que se opone la Generalitat".

En este contexto, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, expresó en Luxemburgo su satisfacción por la decisión de la cumbre de ministros europeos de reconocer la sequía como uno de los problemas que afectan a la UE. El documento, impulsado por España, Italia y Portugal, reconoce que al menos 33 cuentas hidrográficas están afectadas por la escasez de agua y aboga por recurrir a medidas de ahorro y fijar tarifas justas que reflejen los costes del suministro. Narbona aprovechó la cumbre europea para manifestar que el denominado Informe Camps sobre la sequía, que defenderá el presidente de la Generalitat ante el Comité de Regiones el próximo mes de enero en Bruselas, está muy lejos de las políticas que defienden la UE y el Gobierno español.

"Camps ha presentado un documento que insiste en los trasvases como panacea de la política del agua y esto está completamente alejado del planteamiento de la UE", dijo Narbona, que aclaró que ello no significa que "nunca haya que hacer ningún trasvase" y que de hecho el Gobierno hace el Júcar-Vinalopó.

Las manifestaciones de Narbona fueron replicadas por el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, que pidió a la ministra que no condicione la opinión de la UE sobre el Informe Camps. Rambla acusó a Narbona de desconocer el documento, que habla sobre todo de "ahorro y eficiencia".

Por otra parte, el PP de las Cortes Valencianas celebró ayer una jornada para hablar de presupuestos. Y sorprendentemente no se habló nada de agua y trasvases, sino del AVE. Será porque, como dice un manido lema político, lo que no está en los presupuestos no existe.