Casas ilegales a la venta en Marbella

La compra de viviendas de buena fe adquiere una nueva dimensión en Marbella. A pesar de los escándalos urbanísticos, la asociación de vecinos Arroyo Guadalpín mantiene que la inmobiliaria Cristina Szkely, una de las más reconocidas de la ciudad, trata de vender apartamentos de la Urbanización Jardines del Príncipe, sobre los que pesa una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarando su ilegalidad y decretando su derribo. Cristina Szkely, propietaria de la empresa, asegura que no ofrecen estas viviendas desde hace al menos dos años.

Cristina Szkely dice que retiró hace dos años la promoción del mercado

El Plan General de Marbella, no incluye la urbanización Jardines del Príncipe en el proceso de regularización. El complejo, situado al inicio de la Milla de Oro marbellí, está formado por dos edificios de siete plantas con 81 apartamentos prácticamente terminados, pero no habitados. Los redactores consideran que sobrepasa la edificabilidad permitida y piden que se reduzca en un 60%.

La asociación Arroyo Guadalpín teme que la venta de estos pisos sea una "argucia" del promotor para intentar regularizarlos por la vía de los compradores de buena fe, es decir que los compradores ignoraban que la casa estaba en situación irregular. Su portavoz, Mercedes Vázquez, dice contar con testimonios de personas a los que la empresa inmobiliaria ha ofertado la promoción en los últimos meses. Una de estas personas, que pidió ocultar su nombre, dice que hace dos semanas le ofrecieron un apartamento de dos habitaciones por 647.000 euros. "Me dijeron que me podía ahorrar hasta 100.000 euros si lo compraba antes de que lo legalizaran ya que el promotor lo pensaba subir a partir de esta fecha", contó. "Incluso me aseguraron que había un pacto con el Ayuntamiento que lo regularizará de forma inmediata en cuando se apruebe el Plan General", añadió.

La dueña de la inmobiliaria Cristina Szkely insiste que "hace mucho tiempo" que no se ofertan estas viviendas. "La constructora me decía que estaba todo bien, que tenían los permisos, pero lo retiramos hace dos años, cuando empezaron a decir que había problemas.", declaró.

A pesar de que el complejo residencial no está habitado, ya tiene una veintena de propietarios, constituidos en asociación, que han alegado contra la situación que prevé para ellos el nuevo documento de ordenación urbana. En el escrito, redactado por el letrado José Carlos Aguilera, mantienen que el promotor llegó a un acuerdo con el equipo redactor para regularizarlo a cambio de una compensación, pero que, por motivos que desconocen, no aparece reflejado en PGOU.