Demandas contra la empresa OHL

La Generalitat de Cataluña irá a los tribunales y Fomento analiza si puede hacerlo. Renfe, también. Todos contra la constructora OHL. "Se ha perjudicado a una empresa pública de Cataluña y, sobre todo, a los ciudadanos", dijo ayer el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, para justificar que el Gobierno catalán presente una demanda contra la constructora. "La empresa debe pagar por los dos meses que la línea estará cerrada", alegó. Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras, y José Salgueiro, presidente de Renfe, también sopesan demandas de compensación, al margen de exigir a OHL que se haga cargo de los gastos y sobrecostes.

En medio del caos de los Cercanías de Barcelona, Fomento disparó ayer contra OHL, que construye 1,1 kilómetros del trayecto del AVE. Según el ministerio, la única causa de los daños a los viajeros es "la ineptitud de una empresa. De las cuatro constructoras que se ocupan del proyecto, es la única que no ha cumplido los plazos. Todos los incidentes están concentrados en el tramo que ejecuta OHL. Nos pidió en diciembre una prórroga de cuatro meses; en abril, otra de tres meses y medio. Les concedimos las dos y aún no han terminado la obra, que hace más de un mes que tendría que estar lista".

OHL difundió una nota en la que culpó de los problemas a motivos técnicos, "consecuencia de la complejidad de una obra subterránea que afecta a numerosas infraestructuras". La constructora salió así al paso de la información que difundió ayer la cadena SER, en la que se relacionaba la tardanza de OHL con un litigio que mantiene su mayor accionista, Juan Miguel Villar Mir, con Fomento por la expropiación de una mina en Galicia. La SER apuntaba que OHL habría utilizado la obra del AVE a Barcelona como uno de los episodios de una batalla contra el Gobierno para lograr una mayor indemnización por la expropiación de la mina.

La empresa dice que ha intentado evitar a toda costa la expropiación de la mina, "sin haber entrado nunca en ninguna negociación, ni haber hecho nunca demanda de cantidad alguna". Pero una de las firmas del Grupo Villar Mir envió en 2004 una carta a la Dirección General de Ferrocarriles en la que hacía "una primera estimación de la indemnización a recibir", de 895 millones de euros. En 2006, el Gobierno le ofreció 5 millones.