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Un socio de Construcuatro cobró dinero negro por pisos protegidos

La juez tiene 24 testimonios más de compradores estafados

Veinticuatro propietarios de pisos protegidos en el edificio Castelao de Vigo han reconocido haber pagado sobreprecios de entre 12.000 y 46.000 euros a Construcuatro y a dos agencias inmobiliarias de Vigo, según consta en la documentación que figura en las diligencias previas que instuye la titular del Juzgado número 2 de Vigo.

En sus testimonios algunos compradores reconocen haber "pagado dinero negro en mano a José Manuel Torres", copropietario de la empresa Construcuatro, junto al presidente del PP local de Pontevedra, Telmo Martín y a un tercer socio, Eugenio Sobral.

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"Ingresé 18.000 euros a través de una transferencia bancaria a Construcuatro porque esa cantidad formaba parte del precio oficial del piso, pero los otros 33.000 euros [de la comisión ilegal] se los entregué en un sobre a José Manuel Torres de Construcuatro". Es una de las últimas declaraciones de compradores de viviendas en el edificio Castelao de Navia que la juez tiene sobre la mesa en la que se acusa a uno de los copropietarios de Construcuatro, José Manuel Torres García, de cobrar personalmente los sobreprecios a cambio de formalizar los contratos para los pisos de protección oficial.

El nombre de José Manuel Torres, propietario de un tercio de las acciones de la empresa constructora, aparece en otras dos declaraciones de los 24 compradores que han reconocido haber pagado sobreprecios, que la promotora les exigió como requisito indispensable para venderles el piso de protección oficial que se les había adjudicado.Según recoge el expediente abierto por la Consellería de Vivenda y que ya ha sido incorporado por la juez a las diligencias previas, otros dos vecinos del edificio Castelao aseguraron haber entregado en la inmobiliaria Silva -una de las dos, junto a la agencia Veiga, que actuaron de intermediarias de la empresa Construcuatro- 32.000 y 35.500 euros, respectivamente, en dinero negro. Ambos denunciantes afirmaron que fue el personal de la agencia quien les explicó que los pagos debían hacerse de ese modo, "porque así lo había decidido el señor Torres, apoderado de Construcuatro".

El resultado de los cuestionarios realizados por el departamento de Teresa Táboas a los propietarios de los pisos constituye, según fuentes cercanas a la investigación, la principal prueba del fraude, junto a las dos grabaciones autorizadas por la juez que desvelan el cobro de sobreprecios por parte de un tercer intermediario, P.T.

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De la palabra de los compradores de los pisos que sí han querido hablar -casi la mitad de los 87 propietarios de viviendas en el edificio Castelao- se deriva que al menos 24 desembolsaron distintas cantidades en dinero B que oscilan entre los 12.000 y los 46.000 euros. Un porcentaje significativo reconoció los pagos, pero eludió detallar el importe y también el nombre de los intermediarios a los que les fueron entregados los sobres.

Un tercer grupo de compradores, aproximadamente la mitad, ha negado tajantemente el pago de sobreprecios. Fuentes próximas al caso no descartan que la empresa y los intermediarios hubieran liberado de las comisiones a una parte de compradores del edificio Castelao. Eso explicaría en parte el reducido número de denuncias (de momento sólo dos en la vía penal, aunque el abogado de la acusación anuncia que pronto serán 30). A ellas hay que añadir los 24 escritos del expediente administrativo, también en manos de la juez, que instruyó la Consellería de Vivenda.

La documentación aportada por este departamento al juzgado detalla que la inmobiliaria viguesa Silva habría percibido al menos 167.000 euros en comisiones ilegales de manos de seis compradores de viviendas en el edificio Castelao. Otra agencia de la misma ciudad, Veiga, que también medió en el negocio, ingresó otros 70.000 euros en comisiones ilegales a cambio de vender tres pisos protegidos. Según figura en la documentación del juzgado, la promotora Construcuatro, bien en sus oficinas de Pontevedra o bien a través de sus empleados o cargos directivos, habría recibido directamente 90.000 euros además de un alto porcentaje de los cobros realizados por sus agentes.

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