"Billetes en bolsas para entregar en una cafetería"

El dosier en poder de la juez que investiga el caso es un relatorio en primera persona firmado por 24 compradores de pisos protegidos en el que se explayan sobre los métodos utilizados por la promotora para percibir las comisiones ilegales y evidencia que el pago de sobreprecios fue en muchos casos la única salida para acceder a una vivienda en el edificio Castelao.

Tal y como dejaron patente las grabaciones de voz autorizadas por la juez cuyo contenido publicó este diario, en las que un intermediario exigía comisiones ilegales a dos clientes de la promotora, el expediente instruido por Vivenda constata amenazas y extorsiones por parte de las agencias que mediaron en la compraventa. Además pone al descubierto la connivencia entre dos inmobiliarias viguesas, Silva y Veiga, y Construcuatro a la hora de ejecutar el fraude. En uno de los escritos un propietario afirma haber escuchado de su vendedor la fórmula para repartir los 33.000 euros de la comisión: 18.000 para Construcuatro y 15.000 para el encargado de cerrar la venta.

El relato de otro comprador reconoce que acudió a una cafetería "con 19.300 euros en billetes metidos en una bolsa de plástico" que entregó a un intermediario y asegura que sólo unos minutos después ambos acudieron a las oficinas de Construcuatro en Pontevedra donde rubricaron los contratos. Un tercer cliente afirma haber abonado 31.500 euros de sobreprecio a la inmobiliaria Silva y añade que, previamente, el personal de Construcuatro en Pontevedra le corroboró que la agencia actuaba en representación de la promotora.

"42.000 euros en negro"

En la misma agencia otro comprador se vio "obligado" a abonar "42.000 euros en B". "Me dijeron que si lo quería, bien, y que de lo contrario tenían 20 aspirantes en la lista", añade. Y hubo un cliente a quien se le reclamaron en el momento de la compra 12.000 euros como anticipo, que nunca figuraron en la contabilidad oficial. Además son legión los vecinos del edificio Castelao que admiten haber recibido negativas cada vez que solicitaron facturas de las cantidades entregadas.

Por este mismo caso, la Consellería de Vivenda propuso ya una sanción de un millón de euros a Construcuatro además de obligarle a devolver las cantidades cobradas al margen del valor de la vivienda pública y una inhabilitación por seis años para edificar pisos protegidos en Galicia. De momento, la vía administrativa y la judicial siguen caminos complementarios, si bien cualquier condena en los tribunales invalidaría la sanción propuesta por el Gobierno gallego.