El olor del dinero
Poco a poco, comienza a restablecerse el orden en la comarca de La Marina Alta. Se trata, claro está, de un orden provisional que se crea día a día, conforme la población va recuperándose de las consecuencias de la tragedia. Para alcanzar la normalidad definitiva, sin embargo, hará falta algún tiempo y habrá que realizar un esfuerzo económico considerable. A medida que los afectados presentan sus reclamaciones, empiezan a conocerse con detalle los daños materiales originados por la catástrofe, que son cuantiosos. El coste emocional es incalculable y no admite reparación: cada uno de los afectados lo vivirá de una manera diferente.
Ante el suceso, tanto el Gobierno central como el Consell han reaccionado con una inusitada presteza. Poco importa si ello tiene o no tiene que ver con las elecciones generales del próximo marzo. Tras un comienzo donde la lucha partidista amenazó con aflorar, se impuso el buen sentido y los políticos dejaron de lado sus diferencias para centrarse en lo importante de ese momento: el socorro a las víctimas. Ahora hace falta que las administraciones se muestren efectivas y la ayuda llegue a los afectados en las condiciones debidas. Ya sabemos que es bastante más fácil imprimir una disposición en el boletín oficial que lograr que esta se ejecute como corresponde.
El temporal de lluvias ha trastocado la línea que el Gobierno Camps había trazado para la campaña electoral. Habrá que esperar algún tiempo para que el agua pueda utilizarse como argumento electoral en la Comunidad Valenciana. También los planes urbanísticos deberán revisarse con detenimiento, a la vista de lo sucedido. El consejero García Antón necesitará poner sobre la mesa algo más que retórica y buenas palabras si pretende llegar a algún acuerdo efectivo con la oposición. No es probable que la actitud de los ciudadanos ante la construcción que hemos padecido sea hoy la misma que la de semanas atrás.
A la vista de cuanto vamos conociendo, parece incuestionable que la mala urbanización ha sido la principal causa de las inundaciones. Podemos discutir si la limpieza de los cauces hubiese aumentado o disminuido los efectos del agua, o si los cañaverales deben cortarse más o menos. Lo que está fuera de duda es que la razón principal de la tragedia ha sido la manera en que hemos ocupado el territorio. Ya en el año 2003, el Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante advirtió de que La Marina Alta era una zona de alto riesgo de inundaciones debido a la edificación. Sobre este punto, salvo que se pretenda confundir al ciudadano, no cabe discusión.
Con motivo de las inundaciones, se han publicado en la prensa diversos artículos que responsabilizan a los políticos de la tragedia. Quienes alentaron y permitieron las construcciones que han cegado barrancos o ramblas son, desde luego, responsables. Pero también los ciudadanos tenemos algo que ver en el asunto. A fin de cuentas, han sido nuestros votos quienes han avalado la conducta de esos políticos. ¿No nos parecía magnífico, hace cuatro días, que la construcción crease riqueza, aunque para ello hubiera que edificar en la desembocadura del río Algar? Cuando nos visitaban los parlamentarios europeos y se alarmaban ante lo que veían, ¿qué manifestaban los presidentes de las cámaras de comercio? ¿Cuál era la respuesta de los jefes de la patronal?
