México, el nuevo frente antidroga de Bush

Los Gobiernos de Estados Unidos y México están a punto de culminar un acuerdo, discretamente negociado durante varios meses, que supondrá la participación militar de diversos organismos de seguridad estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país vecino, según fuentes directamente implicadas en la negociación. Este proyecto exige la aprobación de cientos de millones de dólares para la compra de material militar y tecnología, así como para la formación en tácticas de combate e inteligencia de los funcionarios mexicanos envueltos en esa guerra.

Los demócratas quieren añadir al plan el respeto a los derechos humanos

El 'plan Colombia', que entró en vigor hace una década, ha servido de modelo

Las autoridades mexicanas desean contar cuanto antes con helicópteros

Se trata del más ambicioso proyecto desarrollado por Estados Unidos en América Latina desde la entrada en vigor, hace casi una década, del llamado plan Colombia, que ha servido de modelo para esta iniciativa. Por la similitud entre ambos, este nuevo acuerdo, que podría ser hecho público esta semana, se conoce como plan México, aunque su denominación oficial es la de Estrategia Conjunta para la Lucha contra el Crimen Organizado.

Ambos países están trabajando intensamente este fin de semana para que el acuerdo sea anunciado oficialmente mañana o pasado mañana. En principio, se pretende que la comunicación formal la hagan, de forma simultánea, en Washington y México, los presidentes George Bush y Felipe Calderón.

El plan México, que responde a la preocupación creciente de EE UU por el peligro que representa la amenaza narcoterrorista a la supervivencia del Estado mexicano, prevé un gasto de 500 millones de dólares anuales por un periodo indeterminado de tiempo, así como una cantidad suplementaria (entre 50 y 60 millones) para invertir en Centroamérica, que se considera, desde el punto de vista de la guerra contra el narcotráfico, un territorio inseparable de México.

Los planes de la Administración de Bush son los de solicitar al Congreso la aprobación de un paquete conjunto de en torno a 1.500 millones de dólares para los próximos tres años, lo que ahorraría algunas difíciles gestiones ante el Capitolio para obtener presupuesto y, al tiempo, comprometería en este proyecto a la Administración resultante de las elecciones de 2008.

Algunos miembros del Congreso, especialmente en la oficina del senador demócrata Patrick Leahy, responsable de estudiar esta iniciativa, se inclinan, no obstante, por la renovación del acuerdo año por año, con la aprobación cada vez de cantidades próximas a los 500 millones de dólares (100 más de lo que recibe Colombia), más lo destinado a Centroamérica. Actualmente, EE UU destina 40 millones de dólares a la ayuda, meramente civil, para la lucha contra el narcotráfico en México.

El Gobierno mexicano es partidario de un acuerdo del más largo plazo posible. La pasada semana, el subsecretario de Relaciones Exteriores mexicano responsable de América del Norte, Carlos Rico, se refirió por primera vez públicamente a este asunto y dijo que su país aceptaría un proyecto a dos años y 1.000 millones de dólares.

Las primeras partidas de dinero serán destinadas a la compra de sistemas de comunicación modernos, de los que México carece, a la puesta en marcha de nuevos métodos de inteligencia coordinados con la CIA y la DEA, especialmente, y al entrenamiento de soldados y funcionarios mexicanos en enclaves y tácticas especiales. Actualmente, algunos soldados mexicanos reciben entrenamiento en Fort Bragg (Carolina del Norte) y Fort Benning (Georgia).

Las autoridades mexicanas tienen interés también en contar lo antes posible con helicópteros, que los técnicos consideran vitales en una guerra de estas características. Este propósito se ha encontrado, por ahora, con el problema de un mercado de ese tipo de vehículos completamente saturado por las guerras de Irak y Afganistán.

A diferencia del plan Colombia, el plan México no prevé, al menos en esta fase, la presencia de tropas norteamericanas en territorio mexicano, lo que hubiera sido políticamente explosivo para un Gobierno que, seguramente, va a pagar ya un alto precio por este acuerdo ante una opinión pública mayoritariamente nacionalista. El propósito es dejar la menor huella posible en México, comentó la fuente citada anteriormente.

El plan ha sido diseñado y negociado por el Departamento de Estado, pero su contenido fue compartido en las últimas semanas con el Pentágono, que tendrá que interpretar el papel más relevante en su ejecución. Un subsecretario del Departamento de Defensa, Stephen Johnson, confirmó este martes en una reunión con el think-tank Diálogo Interamericano la proximidad del acuerdo, y añadió que el Gobierno de México se ha comprometido, por su parte, a destinar 7.000 millones de dólares en los próximos años a asegurarse de que este proyecto tiene éxito. Johnson vinculó en términos estratégicos este acuerdo a la amenaza que EE UU y algunos de sus aliados en la región sienten por el ascenso del presidente venezolano, Hugo Chávez, y los Gobiernos que les son fieles en Ecuador, Bolivia o Nicaragua.

Los responsables del proyecto son moderadamente optimistas respecto a su aprobación final por el Congreso, considerando la impresión que hasta la fecha han encontrado entre las figuras más destacadas de la oposición demócrata. Los demócratas sienten que le deben algo a México después del fracaso de la ley de emigración, interpretan las fuentes consultadas.

En un artículo publicado en la revista Foreign Affairs, la principal candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, afirmaba: "Tenemos que apoyar a las mayores democracias de la región, México y Brasil, y cooperar con nuestros aliados para combatir la amenaza interconectada que representan el tráfico de drogas y la insurgencia".

Algunos demócratas en el Congreso quieren, no obstante, añadirle al proyecto algunas condiciones relacionadas con la atención a los derechos humanos y otros aspectos controvertidos de la relación con México, como inmigración ilegal o cuidado del medio ambiente.

Si el anuncio se hace finalmente mañana, el Congreso podría comenzar a debatir el plan tan pronto como el próximo jueves. La Administración trata de convencer al Congreso de que luchar contra la violencia en México -más de 2.000 muertes vinculadas al crimen organizado este año- es vital para la seguridad de EE UU, que comparte 3.000 kilómetros de frontera con su vecino del sur.

La idea del plan México surgió, en marzo pasado, durante la visita de Bush a la ciudad mexicana de Mérida, en la que el presidente norteamericano anunció que había llegado a un acuerdo con Felipe Calderón para "trabajar juntos con el objetivo de desarrollar un programa en el que EE UU pueda actuar como socio constructivo de México" en la lucha contra el crimen organizado. Bush y Calderón volvieron a hablar del asunto en junio, durante la cumbre del G-8 en Alemania. Una semana después, ambos se encontraron de nuevo en Canadá.

EE UU, que ha invadido ocho veces México, no ha participado directamente en acciones de seguridad en ese país desde que Richard Nixon ordenó en 1969 la destrucción ilegal de numerosas plantaciones de marihuana.