El plan del clima gastará la mayoría de sus 90 millones en investigaciones e informes

El Gobierno destinará para su primer plan de lucha contra el cambio climático cerca de 90 millones de euros, una cantidad que se gastará sobre todo en investigación, informes y acciones de concienciación ciudadana. El proyecto incluye 119 medidas, entre ellas la reducción en ocho puntos de las emisiones de gases de efecto invernadero, la reforestación o, como una de las principales novedades, la búsqueda de un acuerdo con los ayuntamientos para que el impuesto de circulación se fije en función de la contaminación y no la potencia de cada vehículo.

La elaboración de este plan, con vigencia para el periodo 2008-2012, ha requerido casi dos años y ha sido la prioridad que se marcó para esta legislatura el nuevo equipo del Departamento de Medio Ambiente. Para ello creó una oficina específica de lucha contra el cambio climático en enero de 2006. Como las medidas afectan a todos los sectores, en el desarrollo del proyecto han participado hasta seis departamentos: además de Medio Ambiente, los de Transportes, Industria, Educación, Vivienda y Agricultura.

El plan, según reconocen los responsables de Medio Ambiente, viene condicionado porque las competencias sobre muchas actuaciones recaen en otras instituciones, como los ayuntamientos o el Gobierno central. Así, no hay medidas drásticas para mitigar las afecciones del transporte -causante de más de la cuarta parte de las emisiones contaminantes-, como la restricción del acceso de vehículos a las ciudades o el establecimiento de peajes. La consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, ya ha expresado la necesidad de que en determinadas situaciones se impongan restricciones al uso del vehículo.

Energías renovables

Entre las 119 medidas previstas, que no se anunciaron ayer al proseguir el debate con colectivos sociales y empresariales, Larrañaga destacó la reforestación, el incremento de las energías renovables y la investigación para tener datos más concretos de la incidencia del cambio climático en Euskadi. El proyecto quiere ampliar la superficie forestal -ahora supone el 51% de los 7.235 kilómetros cuadrados de extensión del País Vasco- e incorpora el plan del Departamento de Industria de que las renovables alcancen el 12% de la energía generada. Otro de los retos es reducir las emisiones de CO2 en ocho puntos para 2012: el Gobierno tiene contabilizado ahora un incremento del 22% sobre 1990 -el Protocolo de Kioto fijó para España un aumento máximo del 15% para 2012- y se marca que baje al 14% dentro de cinco años.

La mayor parte de los 90 millones de inversión previstos se destinarán a la investigación del cambio climático -el Ejecutivo quiere tener una información concreta sobre sus efctos en Euskadi de la que ahora se carece- y la sensibilización de los ciudadanos y las administraciones vascas. Larrañaga dijo que habrá un centro de investigación básica en cambio climático, impulsado por la consejería de Educación, y proseguirá el proyecto Etortek, que persigue conocer los escenarios futuros del clima y los sectores a los que afectaría. Una de las actuaciones más novedosas es propiciar un acuerdo voluntario con los ayuntamientos para que el impuesto municipal de circulación se fije en función de la contaminación del vehículo y no por su potencia, como sucede ahora.

Además, se plantea un acuerdo entre todos los agentes implicados en la vivienda para utilizar materiales bajos en emisiones, otro en el sector de la automoción para promocionar el uso de los biocombustibles, la extensión de los proyectos de ahorro energético a las pymes, la ampliación del programa GAP de hábitos de consumo sostenible (que se ha realizado en 12.000 familias vascas) o la instalación de la energía solar en los edificios públicos.

"Euskadi ha pasado a la acción en la lucha contra el cambio climático", proclamó ayer la consejera, para quien esta iniciativa es "rentable ambiental, social y económicamente".